La jueza que investiga la venta de Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha suspendido la tramitación de la causa y la declaración de testigos fijada para hoy y mañana, aunque no ha aceptado la petición de nulidad del fiscal y le pide que "valore en conciencia" si mantiene su petición en ese sentido.
La magistrada ha suspendido la declaración de siete testigos prevista para hoy y mañana en la rama del caso Mercasevilla que investiga la venta de sus terrenos, en la que en diciembre pasado dictó auto de procedimiento abreviado contra 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La Fiscalía de Sevilla ha pedido la nulidad de ese auto y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento ya que, con posterioridad, la jueza citó a los siete testigos e incorporó los escritos de dos funcionarias imputadas, con su consiguiente documentación.
La jueza, en un auto al que ha tenido acceso Efe, accede ahora a suspender las declaraciones pero no decreta formalmente la nulidad porque tal medida "no es lo que la ley prevé cuando los defectos puedan ser subsanados y cuando el efecto que causaría en el procedimiento es mucho más nocivo que lo que se pretende arreglar".
Sobre la nueva documentación, explica que la petición de la defensa "se traspapeló en secretaría y por supuesto se desconocía su existencia cuando se dictó el auto de incoación".
Añade que desde la perspectiva de las acusaciones, esa documental "es inocua dado el acervo de indicios existentes" contra las dos funcionarias y por ello la juez acordó practicar dicha prueba en interés de su defensa.
El auto, sin embargo, reconoce que el fiscal puede sufrir indefensión al no haber tenido esa documentación, por lo que suspende la tramitación de la causa hasta que el juzgado reciba los documentos solicitados y los entregue a las partes personadas.
En ese momento, el fiscal "deberá valorar en conciencia" la documentación "pudo afectar a su recurso de reforma" y "si no es así, como resulta previsible, se continuará el trámite y, si alegara lo contrario, se retomará de nuevo la cuestión de si se debe o no acordar la nulidad interesada", dice el auto.
En este sumario, uno de los cinco abiertos por Alaya sobre el caso Mercasevilla, altos cargos y funcionarios municipales están imputados por haber hecho "un concurso a la medida" de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas de compra de modo que "beneficiaron ilegítimamente" a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
La jueza había citado como testigos a cuatro funcionarios del Servicio de Licencias que intervinieron en la primera ocupación otorgada a Sanma, al jefe del área y a dos abogados que intercambiaron comunicaciones sobre las condiciones de la venta.
