La Fiscalía y la acusación, representada por la Abogacía del Estado, han rebajado en sus conclusiones finales la petición de penas de prisión de diez a cuatro años para el constructor cordobés José María Enríquez, propietario de Promociones Los Jardines, acusado junto a otro hombre, por un supuesto fraude fiscal del IVA en el año 2002 por más de 3,5 millones de euros, así como de dejar de declarar 419.944 euros del Impuesto de Sociedades.
En el juicio que ha quedado visto para sentencia este viernes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, ambas partes han acordado reducir las penas de cárcel tanto para el empresario, como para el otro acusado, en este caso de ocho a cuatro años de prisión, al tiempo que han decidido retirar la acusación contra la mujer del constructor y que "se elimine" cualquier alusión a la misma en el escrito definitivo.
Asimismo, el fiscal, tras retirar la acusación al constructor por la supuesta defraudación del IVA en el ejercicio 2001, por más de 422.000 euros, ha explicado que aplica la atenuante por dilación indebida en la causa tras el tiempo transcurrido desde los hechos, algo que, según subraya, "no es imputable a los acusados".
No obstante, ha mantenido que supuestamente el empresario "ideó negocios" para "la defraudación", al tiempo que apunta que "la suma de indicios son evidencia de prueba de cargo", y considera que "todo" hay que observarlo como "un conjunto de operaciones" de cara a la "obtención de una financiación con cargo a la Hacienda Pública".
Por su parte, el constructor cordobés ha defendido este jueves ante la juez que todas sus operaciones y pagos "han sido reales y se han declarado", a lo que ha añadido que "todas las operaciones se han documentado" y ha aclarado que las mismas "se regularizaron", además de que "ha habido medios de pagos".
También, destacó que su mujer "nunca intervino" en dichas actuaciones, de hecho apuntó que "en absoluto" tenía conocimiento de las operaciones, a lo que ha añadido que "normalmente" se creaban sociedades para promociones puntuales dentro de un mismo grupo, aunque subraya que "no se trataba de blindar", sino que "desde el punto de vista financiero es más ágil".
Antes de comenzar la sesión, las defensas han planteado la prescripción de los delitos de los que se le acusa a sus clientes, tras haber transcurrido más de cinco años desde que supuestamente se cometieron y al no existir "una resolución motivada", si bien el fiscal y la acusación han señalado que antes de que pasara dicho plazo los acusados ya habían declarado y "se había presentado la denuncia".
LOS HECHOS
Según recoge la calificación del fiscal, el acusado supuestamente llevó a cabo "contratos privados ficticios de compraventa de inmuebles y adquisición de servicios con empresas de su mismo grupo o de terceros generando un IVA soportado irreal para compensar el repercutido". Todo ello durante el ejercicio correspondiente al año 2002.
En este sentido, el fiscal apunta que Enríquez actuaba "como representante legal de las empresas del grupo Los Jardines", y el otro procesado, J.A.A., como administrador único de otra firma, "que colaboró con el otro concertando dichas operaciones fraudulentas", según indica el Ministerio Público.
