La Federación Andalucía Acoge y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han denunciado ante diversas instancias e instituciones la detención ilegal de los inmigrantes llegados a Tarifa (Cádiz) en pateras los días 11 y 12 de agosto, pues fueron privados de libertad en el polideportivo de este municipio más de 72 horas sin que en ese plazo se les pusiera a disposición judicial o se les facilitase acceso a un abogado.
Los inmigrantes que fueron llegando a la costa gaditana durante esas 48 horas fueron derivados a un polideportivo en Tarifa, acondicionado como lugar de acogida, del que no podían salir a voluntad. Según denuncian estas organizaciones, "la operación de rescate y asistencia se convirtió en un largo periodo de privación de libertad", pues los últimos en salir de estas instalaciones lo hicieron ayer, quince días después.
"Aunque el Gobierno quiera tildar de mera operación de rescate y asistencia al conjunto de las acciones llevadas a cabo entre los días 11 y 25 de agosto, lo cierto es que no se le permitía a quienes estaban en el polideportivo la libertad de movimiento, que es un derecho constitucional. Por tanto, un gran número de personas han estado detenidas ilegalmente, ya que no se les puso a disposición de un juez en el plazo máximo de 72 horas y sin asistencia letrada. Eso es un hecho", afirma el coordinador general de APDHA, Valentín Aguilar.
Esta es la denuncia que las organizaciones pusieron en conocimiento tanto del Defensor del Pueblo, al que presentaron una queja el pasado miércoles, como del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, donde solicitaron que se iniciase un procedimiento de habeas corpus por detención ilegal que, finalmente, fue desestimado.
"El Juzgado de Instrucción número 2 sorprendentemente ha resuelto declarando que existía detención, pero que no es incorrecta por no existir privación de libertad. ¿Cómo se puede detener adecuadamente a alguien sin privarle de libertad?", plantea el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, para añadir que además, el auto "se contradice y declara que no ha habido detención porque esos inmigrantes no han cometido ningún delito".
Ante esta respuesta, las organizaciones han presentado un recurso urgente ante Naciones Unidas y, en concreto, a su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y al Relator Especial para los Derechos Humanos de los Inmigrantes. "También esperamos el pronunciamiento del Comité de Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa", informa Aguilar.
Aunque ambas entidades destacan el trabajo "profesional y humanitario de las ONG que han estado en contacto directo con los inmigrantes durante su estancia en el polideportivo de Tarifa", consideran que existe el "peligro" de que esta respuesta solidaria de asistencia a las 1.240 personas que llegaron a Cádiz se utilice como "una cortina de humo" para ocultar "ilegalidades manifiestas".
"A las instituciones y autoridades implicadas en este asunto parece que no les importa la privación de libertad que experimentaron estas personas. Total, si estuvieron muy bien atendidas: tuvieron mantas, comida, atención sanitaria, un techo. El trabajo de las ONG ha sido irreprochable y no queremos ponernos por encima de aquellos que dedicaron días enteros a la atención de las personas inmigrantes, pero es nuestro deber (...) llamar la atención sobre la violación de garantías constitucionales y de los procedimientos legales", añade Aguilar.
