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Sanlúcar

Denuncian el estado de los imbornales

La Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua \'Agua Clara\' de Sanlúcar de Barrameda exige al Equipo de Gobierno PSOE-CIS y a la empresa Aqualia, la puesta en marcha de un verdadero plan generalizado de prevención de inundaciones y recogida de aguas, ante la inminente llegada de las primeras l

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  • Imbornal atascado. -

La Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua 'Agua Clara' de Sanlúcar de Barrameda  exige al Equipo de Gobierno PSOE-CIS y a la empresa Aqualia, concesionaria en la localidad del ciclo integral del agua, la puesta en marcha de un verdadero plan generalizado de prevención de inundaciones y recogida de aguas, ante la inminente llegada de las primeras lluvias otoñales.

Desde esta plataforma consideran insufucientes las medidas de limpieza anunciadas recientemente por el Consistorio, señalando que se han visto reducidas a algunos colectores del centro y de la barriada Rubiños, mientras que en Sanlúcar hay alrededor de 9.000 imbornales, además de pozos de registro, cunetas y canalizaciones que "se encuentran en un estado lamentable, atascados desde hace mucho tiempo por basuras, tierra, e incluso cemento". Por este motivo, desde la plataforma esperan la "inmediata reacción" del Ayuntamiento ante el temor a que se produzcan inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, la plataforma también ha denunciado la "indigna visión" de los aliviaderos de las playas. "Aqualia, mostrando una vez más su actitud negligente, deja abiertos estos aliviaderos todo el año en vez de canalizarlos hacia la depuradora", denuncian desde la Plataforma, señalando que la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sólo permite la apertura de estos aliviaderos en días de lluvia muy intensa. 

La plataforma entiende que tanto el estado de los imbornales como la apertura de los aliviaderos suponen dos incumplimientos graves del pliego de condiciones que firmó el equipo de Gobierno PSOE-CIS con la empresa Aqualia, por lo que piden que el Ayuntamiento sancione a la empresa, rescinda el contrato y devuelva el ciclo integral del agua a la gestión pública.

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