Todo es cuestión de tiempo y de implicación de las administraciones, y en el caso de la Zona Franca, no podía ser diferente. El Estado deberá aprobar una prórroga para garantizar que el proyecto se ponga en marcha más allá del plazo establecido en el decreto de creación, el 30 de agosto, ya que ni dará tiempo a realizar las obras y aún está el reglamento de régimen interno. Quien salvaba el proyecto ayer era el delegado territorial de la Agencia Tributaria, Alberto García Varela, que confirmaba que el Ministerio de Hacienda ya está trabajando para que “antes de la fecha de vecimiento se produzca esa prórroga”.
Las jornadas sobre la zona franca organizadas en el Club Antares sirvieron ayer para visualizar el tira y afloja entre las diferentes partes que conforman el consorcio de la Zona Franca, con el ruido de fondo de la sentencia sobre el dragado del Guadalquivir, que todos ven un potencial para mejorar la competitividad del puerto, aunque con sus matices: el Puerto insistía en que el proyecto está vivo y el Ayuntamiento optaba por reiterar que todo es compatible pero que primero, la garantía medioambiental. Eso sí, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sí que apuntó que hay que “ponerse las pilas y no perder el tiempo” para que se haga realidad.
Dejando al dragado al margen, la presidenta del puerto de Sevilla, Carmen Castreño, puso en valor las ventajas fiscales (sin impuestos aduaneros o aplazamiento de pagos) y operativas que ofrece la Zona Franca, en la que reconoció que “ya ha recorrido la mitad de su actividad”.
El problema del proyecto, está, sin embargo, en los plazos. Tras la constitución del consorcio gestor, el decreto establecía el 30 de agosto de 2015 como plazo para que estuvieran tanto el cerramiento vallado de las instalaciones como el reglamento de régimen interior, además de la aprobación de la contabilidad de existencias de las empresas. Con el reglamento se pueden cumplir los plazos, pero no así con el cerramiento, cuya licitación y ejecución de obras se extenderían al menos a un año.
Ante el “materialmente imposible”, Castreño se dirigía directamente a Zoido para que “presionase” al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para conceder la prórroga solicitada para levantar el imprescindible vallado.
“Se ha solicitado según lo pactado con Montoro, que dijo que por supuesto”, afirmaba Zoido sobre este aspecto, apuntando que “el cerramiento sigue su trámite”, confirmando que se está redactando el proyecto para delimitar el perímetro.
Quien daba la confirmación de que la pórroga se aprobaría era el delegado especial de la Agencia Tributaria para Andalucía, Alberto García Varela. El compromiso de Montoro se mantiene y su departamento no sólo ha recibido la petición “formal” para esta prórroga sino que, además, ya está trabajando para que “antes de la fecha de vencimiento -30 de agosto- se produzca esta prórroga”.
Varela se dirigía también a los empresarios presentes para apuntarles que el régimen fiscal de la Zona Franca ofrece a las empresas “un ahorro total de impuestos indirectos”, toda vez que “tampoco serán aplicables” distintas políticas fiscales comunitarias y el 75% del impuesto de sociedades recaerá en el consorcio gestor, para promover precisamente medidas “en beneficio” a las empresas contribuyentes.
