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Crespín destaca que las obras de la Ciudad de la Justicia van en tiempo y ya se ha ejecutado por 2,7 millones

El avance de los trabajos, según ha señalado la delegada de la Junta, ha determinado que ya se hayan "ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras, la cimentación, la instalación de toma de tierra y el saneamiento"

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  • CRESPÍN -

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, ha destacado este miércoles que la ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia en la capital cordobesa está "ajustándose actualmente a la programación prevista, manteniéndose los plazos y la fecha de entrega", de tal modo que "la inversión ejecutada hasta la fecha ronda los 2,7 millones de euros".

   En declaraciones a Europa Press, Crespín ha recordado que "las obras dieron comienzo en octubre de 2014, mediante la realización de los trabajos de las pantallas perimetrales, para la ejecución de la cimentación" y, "simultáneamente se realizaron los trabajos de seguimiento arqueológico y vaciado de los dos sótanos de la edificación".

   El avance de los trabajos, según ha señalado la delegada de la Junta, ha determinado que ya se hayan "ejecutado en su totalidad el movimiento de tierras, la cimentación, la instalación de toma de tierra y el saneamiento".

   Es más, según ha detallado Crespín, "la fase de estructura se esta desarrollando desde la fachada Sur (calle Gomera), que se encuentra en la ejecución del forjado del techo de la planta primera, hasta el modulo cuatro", que da a la calle Mallorca, "en el que ya está ejecutada la solera de cimentación y el saneamiento".

   El futuro complejo judicial proyectado en la parcela de Arroyo del Moro, que tiene 12.112 metros cuadrados y que está delimitada por las calles Isla Mallorca, Isla Formentera, Isla Gomera y Cantábrico, estará adaptado al nuevo modelo de oficina judicial y fiscal, y el plazo de ejecución del mismo se cifra en 36 meses, contados a partir del pasado mes de agosto, con lo que las obras deberán estar concluidas en agosto del año 2017.

   En el contrato de adjudicación se establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora, por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía.

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