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Denuncian al alcalde de Almería ante el Supremo por el mantenimiento de símbolos franquistas

La denuncia, que será presentada el próximo lunes y se formulará ante el Supremo por la condición de aforado del regidor 'popular' en su condición de senador

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El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz denunciará al alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), ante el Tribunal Supremo por el mantenimiento de símbolos y nombres de calles y viviendas franquistas en la ciudad.

   La denuncia, que será presentada el próximo lunes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se formulará ante el Supremo por la condición de aforado del regidor 'popular' en su condición de senador.

   En el texto de la misma, así como en el escrito remitido al Ayuntamiento en el que se pide la retirada de los símbolos, se expone la existencia en la ciudad de escudos y símbolos franquistas en la Plaza de San Roque, en la Chanca; en el Instituto de Celias Viñas y en la Escuela de Artes.

   Asimismo, se denuncia el mantenimiento del nombre de 16 calles que recuerdan personalidades o hechos relacionados con el franquismo, como Batalla de Brunete, Alcázar de Toledo, Gibraltar Español, Andrés Casinello, Rafael Martínez Sanson, General Moscardó, Rafael Calatrava o Rodrigo Vivas Miras, entre otros; junto con grupos de viviendas que siguen llamándose Francisco Franco, 18 de Julio, Obispo Diego Ventaja u Onésimo Redondo.

   En su denuncia, el abogado señala que el mantenimiento de estos nombres y símbolos supone un "manifiesto incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica y recuerda que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben tomar las medidas oportunas para la retirada de elementos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

   Además, citando otra sentencia, recuerda que la retirada de este tipo de elementos arquitectónicos "no es una mera recomendación o un desiderátum cuya efectividad pueda quedar al albur de la discrecionalidad de las Administraciones", sino que es una "específica obligación, incorporada al ordenamiento jurídico, a una norma con rango de ley, que como tal vincula a todos los sujetos, públicos y privados, que quedan sometidos al deber de cumplimiento".

   Ranz considera que el alcalde de Almería está cometiendo una "vulneración" de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley de Memoria histórica, que obliga a los ayuntamientos a establecer las medidas oportunas para la retirada de símbolos.

   En la misma línea, se subraya que el alcalde debía de haber adoptado las medidas oportunas para la retirada de todos los elementos pero que hasta la fecha "no ha procedido a dar cumplimiento ni a la Ley de Memoria Histórica" ni a lo pronunciado por los tribunales.

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