La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga desde este lunes a cinco acusados de utilizar helicópteros para introducir en la Península hachís procedente de Marruecos.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para cuatro de ellos por un delito contra la salud pública y ocho para el propietario de la finca utilizada para el aterrizaje y despegue de la aeronave, al considerarle también responsable de un delito de falsificación de documentos. Asimismo, propone que cada uno abone una multa superior a los 2,1 millones de euros.
En el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que debido al elevado número de pasos de aeronaves por el espacio aéreo español y marroquí de forma intrusa, sin luces ni plan de vuelo, las autoridades de ambos países acordaron un plan de cooperación bilateral, creándose un equipo conjunto para combatir el crimen organizado.
Algunos de los lugares de los que había datos de este tipo de vuelos eran Vejer de la Frontera (Cádiz) y la finca 'El Concejo', localizada en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y propiedad del acusado M.T.R., quien de acuerdo con los demás acusados supuestamente "colaboraba en el tráfico de hachís permitiendo que en su finca se produjeran aterrizajes y guarda de helicópteros".
De esta forma, el propietario de la finca habría mantenido reuniones y contactos con el resto de acusados, los cuales presuntamente "participaban de común acuerdo en la preparación, desarrollo y ejecución de los transportes, así como en la venta y distribución a terceras personas, obteniendo ganancias con ello".
Alude la Fiscalía a una serie de vuelos sospechosos en enero y febrero de 2011, siendo abortado un alijo de 263,5 kilos de hachís a finales de febrero. Tras la correspondiente autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, se realizó un registro en el cortijo de la finca sevillana propiedad de uno de los acusados, hallándose en su interior numerosos útiles relacionados con el helicóptero intervenido.
Entre otros efectos, también se halló un vehículo propiedad del dueño de la finca, quien, "a sabiendas de la falsedad y con pleno conocimiento de la falta de veracidad de los datos del documento y la confusión que genera en el tráfico jurídico", procedió a cambiar la matrícula del vehículo referido, colocando en el mismo unas placas de matrícula que se correspondían con otro que también era de su propiedad.
El Ministerio Fiscal considera que todos los acusados son responsables de un delito contra la salud pública por el que solicita seis años de cárcel y una multa de 2.112.960 euros para cada uno de ellos. Asimismo, pide para el propietario de la finca y del vehículo con las placas cambiadas dos años más de cárcel por un presunto delito de falsedad documental.
El juicio contra los cinco acusados comienza este lunes a las 10,00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz y se prolongará durante dos días más, estando previsto que quede visto para sentencia el próximo miércoles.
