La alcaldesa, Mamen Sánchez, tiene previsto reunirse mañana miércoles con los abogados que defienden a los extrabajadores del Ayuntamiento afectados por el ERE promovido en 2012. Se trata de un primer acercamiento que tiene como principal objetivo analizar el escenario jurídico al que se enfrentan y saber cuántos extrabajadores tienen intención real de regresar al Consistorio.
Por regla general, los afectados menores de 59 años están recibiendo sentencias favorables en sus demandas individuales que consideran sus despidos improcedentes. Ante estas sentencias la empresa tiene dos opciones: ofrecer la reincorporación o elevar la indemnización de 20 a 45 días por año trabajado.
El Ayuntamiento ha recurrido ya buena parte de esas sentencias individuales ante el TSJA, y es ahí donde se plantean las primeras dudas, toda vez que algunos juristas advierten de que una vez que la empresa opta por indemnizar a los trabajadores no cabe ya la readmisión.
Algunos afectados admiten que “no será fácil” encontrar una solución jurídica que permita al Consistorio dar marcha atrás en su decisión inicial, pero tienen el convencimiento de que es posible.
El Gobierno local también quiere saber cuántos afectados por el ERE con sentencias de despidos improcedentes tienen realmente intención de recuperar sus empleos. Se estima que del total de 260 afectados, apenas se encontrarían en esta tesitura “entre 70 y 80”. Se descartan aquellos que en el momento de ser despedidos habían cumplido ya los 59 años de edad, cuyos despidos han sido declarados procedentes. Además, otros afectados tienen ya otras ocupaciones laborales y no parecen haber mostrado intención de regresar.
Las partes también deben aclarar cuáles serían las condiciones de la reincorporación. En principio, los afectados deberían devolver las indemnizaciones percibidas, así como los subsidios de desempleo; pero recuperarían los salarios que han dejado de percibir desde que fueron despedidos.
