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Huelva

IU solicita al gobierno local de Almonte una reunión técnica para tratar los pleitos abiertos durante la pasada legislatura

Para el concejal de IU “reclamar que se atienda estos casos no es persecución política, como pretenden hacer entender algunos concejales socialistas, sino una razón de justicia social, pues vivimos en un estado de derecho que marca lo que es o no legal, y en estos casos hay muchas irregularidades”

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El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Almonte Daniel Martínez, ha hecho pública la presentación de un escrito en el que se solicita “la organización de una reunión urgente de todos los grupos políticos con los servicios jurídicos municipales, con el fin de que se explique a los mismos la situación de los pleitos abiertos durante la pasada legislatura”. Se trata de unos pleitos que, como bien aclaró el concejal, suman un total de 30 y que están relacionados de una u otra forma con el campo de golf, la dehesa, la planta de reciclaje o Avantur.

Esta solicitud responde a la situación de desinformación que sufren los partidos y vecinos de Almonte, toda vez que el nuevo equipo de gobierno ha retirado los poderes a los abogados que hasta entonces llevaban todos los pleitos, curiosamente en una semana en la que habían dos citas en los juzgados relacionadas con el campo de golf, y los ha derivado a los servicios jurídicos municipales. Para IU esta estrategia, la de dejar sin abogados y sin margen de maniobra a los servicios jurídicos municipales, entra dentro de la lógica del nuevo gobierno si tenemos en cuenta que en la pasada legislatura, durante el tiempo que la nueva alcaldesa estuvo en la oposición, ya votaba contra la resolución de contratos irregulares y manifestaba públicamente su negativa a los procesos penales contra los casos de presunta corrupción.

Según manifiesta Daniel Martínez es de vital importancia para Almonte atender todos esos pleitos, porque “la suma en euros de todas esas irregularidades y presunta corrupción  dan como resultado la deuda de 60 millones de euros que el Ayuntamiento de Almonte soporta, y que ha dejado a la administración en crisis y sin capacidad de prestar servicios y generar empleo. En este caso luchar contra la corrupción en Almonte es luchar contra la crisis”.

Para el concejal de IU “reclamar que se atienda estos casos no es persecución política, como pretenden hacer entender algunos concejales socialistas, sino una razón de justicia social, pues vivimos en un estado de derecho que marca lo que es o no legal, y en estos casos hay muchas irregularidades”. Daniel Martínez recordaba que “ningún vecino, independientemente del partido que haya votado, está pidiendo el archivo de las causas sino más bien que se haga justicia”.

Por tanto para IU hay razones más que suficientes como para solicitar una reunión con los servicios jurídicos municipales en la que estén presentes todos los grupos políticos, para que éstos expliquen cómo se encuentran los pleitos, se aclare si los pueden atender con garantías y atiendan las dudas y cuestiones de los partidos.

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