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La Junta dice que "cumple con sus deberes" en materia de vertederos ilegales

En declaraciones a los periodistas antes del Consejo de Participación de Doñana, Fiscal ha explicado que la Junta de Andalucía tiene "un plan de sellado de vertederos que está cumpliendo", y precisado que se hace "de manera continua"

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  • José Fiscal -

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ante la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la persistencia de vertederos ilegales en regiones como Andalucía, ha asegurado que la administración cumple con sus deberes.

En declaraciones a los periodistas antes del Consejo de Participación de Doñana, Fiscal ha explicado que la Junta de Andalucía tiene "un plan de sellado de vertederos que está cumpliendo", y precisado que se hace "de manera continua".

Ha reconocido que "siempre se puede ir más rápido" pero "desde luego estamos cumpliendo nuestros deberes no, estamos cruzados de brazos en este asunto, ni muchísimo menos".


Según datos de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, la Comisión Europea ha detectado un total de 65 vertederos, 16 de ellos en Andalucía.

De ellos, cinco están ya sellados y once estarán culminados "antes de que finalice el año", para lo que se destina un total de siete millones de euros.

A esta cifra se sumarán otros 8,5 millones para un nuevo plan de acción con el que la administración autonómica pretende cerrar el resto de vertederos ilegales localizados en la comunidad autónoma.

"La Dirección General de Calidad Ambiental tiene un plan, muy bien elaborado y muy concienzudo, y el trabajo se está haciendo", ha precisado Fiscal quien ha apuntado que será con las actuaciones que se están llevando a cabo con lo que su departamento responderá a los requerimientos que se le hagan desde Europa.

La decisión de la CE de llevar a España a los tribunales por la persistencia de vertederos ilegales afecta, además de a Andalucía, a otras comunidades como Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

El Ejecutivo comunitario considera que pese a sus advertencias, España no ha tomado las medidas necesarias para subsanar el problema de la insuficiente gestión a las que se someten los residuos en estas comunidades autónomas.

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