En el Pleno urgente celebrado este miércoles, se votó la “No acogerse a la posibilidad de solicitar el anticipo de financiación regulado en el artículo 11 del Real Decreto-Ley l0/2015, de 11 de septiembre por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía”.
Dicho de otro modo, se convocaba el Pleno para informar a la oposición, que se ha quejado del “paripé” de un debate sobre el que ya el equipo de gobierno había tomado una decisión, para no aceptar el “caramelo envenenado”, en palabras del edil de Economía y Hacienda, Javier Botella, del gobierno central. Para el PP, “un show lamentable que no tendría por qué haberse celebrado, ya que el Ministerio no exige un Pleno para rechazar el Plan de Ordenación, para eso bastaba con una comunicación del Ayuntamiento al Ministerio.
En cambio sí que es necesario acuerdo plenario para aprobar el Plan de Ordenación”.
Posibles consecuencias
Pero, ¿qué consecuencias tiene no acogerse a este nuevo préstamo que el gobierno de la nación ofrece?
En el informe de la Intervención del Ayuntamiento, se explica que la Administración tiene el plazo legal de 30 días como máximo para pagar a sus proveedores. El Puerto ronda una media de 128 días. Visto que el Ayuntamiento de El Puerto no logra alcanzar los 30 días de tope, el gobierno central posibilita un préstamo a pagar en 10 años, con unos intereses del 1,311%, que habría que formalizar en abril de 2016.
Para eso, el Pleno tendría que haber aceptado el miércoles acogerse a este nuevo crédito, cosa que no sucedió porque implicaría un nuevo plan de ajuste y la intervención del Ministerio de Hacienda en los presupuestos municipales.
Por su parte, en el informe de Tesorería sobre este asunto, se pone de manifiesto que “este nuevo endeudamiento supone una solución coyuntural para un problema estructural” y se advierte que “no termina de corregirse la diferencia entre las obligaciones que contrae el Ayuntamiento y los ingresos que efectivamente percibe”.
Para Tesorería, acogerse al préstamo “supondría 1.589.979,09 € de intereses en diez años, es decir 158.997,91 € en media anual, y 39.749,48 € en media trimestral, por lo que sería evidente el ahorro que en intereses supondría para el Ayuntamiento, en contraste con los 296.631,45 € al trimestre que en términos medios ha venido soportando”.
En la exposición al Pleno por parte de Javier Botella, la medida supondría una reducción del 5% en Personal y Servicios Municipales, un aumento en las tasas de mercado, cementerio, precios públicos de cultura, teatro, fomento y participación ciudadana, suprimir las subvenciones, y la retención, caso de no cumplir, del 100% de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) o sea, el dinero que El Puerto recibe cada año del Estado y que asciende a 19 millones de euros.
Al no aceptar el crédito ofrecido, el Ayuntamiento pospone la decisión de entrar en el Fondo de Ordenación, “destinado a las Entidades Locales (mayores de 75.000 habitantes o capitales de provincia) cuyo período medio de pago a proveedores supere de forma reiterada en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”. Pero se enfrenta a una disyuntiva: o que el propio Ministerio decida esa entrada en el Fondo de Ordenación o que se le aplique la retención del 50% de la PIE.
Medidas tomadas y por tomar
Las medidas que plantea el tripartito para decidir no acogerse, pasan por algunas que ya se han puesto en práctica como la agilización de licencias urbanísticas, el reajuste de pliegos de los contratos mayores, la mejora de la inspección para rentabilizar al máximo los servicios, una planificación presupuestaria para garantizar el presupuesto en plazo, la agilización de los procedimientos de emisión de Retenciones de Crédito y de modificaciones de crédito, el aumento de la transparencia y de la economía con peticiones de presupuestos para gastos desde 1.000 €, el aumento de los contratos licitados por procedimiento abierto y la reestructuración de empresas municipales.
Según Botella, queda por hacer la revisión completa del actual Plan de Ajuste, reforzar el servicio de IBI para aumentar los ingresos, cumplir el Plan de Ajuste en cuanto a medidas de contratación y licitación, ajustes de contratos y revisión de tasas y precios pendientes, y cumplir las medidas de ingreso sobre inspección fiscal y de la tasa de recogida de residuos.
Al hilo del Plan de Ajuste, el Partido Popular ha sido muy duro en sus críticas haciendo constar que “lo que tiene que explicar el Sr. De la Encina es que buena parte de la culpa de la deuda la tiene él mismo, que fue el abogado defensor de la empresa concesionaria FCC cuando ésta reclamó al Ayuntamiento la deuda contraída del megacontrato de 120 millones de euros firmado por el Gobierno IP-PSOE”.
“Nosotros nos hemos dedicado a pagar la deuda que los gobiernos de IP y PSOE contrajeron con las empresas concesionarias, por ejemplo los 19 millones de euros de SAYSE. Esos fueron los pufos dejados por otros gobiernos, que el PP reconoció y ha estado pagando durante estos años y que se vieron agravados por intervenciones como la del Sr. De la Encina que fue el abogado de la multinacional FCC reclamando, para más INRI, una deuda contraída por la gestión del PSOE en el Ayuntamiento, en contra de los intereses de El Puerto”.
Finalmente, ¿qué va a hacer entonces el Ayuntamiento portuense? El equipo de gobierno local va a enviar a la Junta de Andalucía un Plan de Tesorería donde se informará de que se está cumpliendo el actual plan de ajuste, que ya contempla la mejora del Periodo Medio de Pago en un periodo razonable.
La duda que planea en Isaac Peral es que si se va a retener el 50% de los ingresos estatales porque no se cumple el periodo de pago de 30 días, los ingresos no son suficientes para los gastos que genera el municipio y no se van a aumentar las tasas, ¿en qué plazo van a cobrar los proveedores?
