“Es un buen detalle, pero yo no quiero un paquete de arroz, quiero lo mismo que tú”, dice Antonio, un jerezano que trabajó en Delphi y quelleva siete meses sin prestación alguna. Ahora, vive, o sobrevive, a duras penas. “Gracias a Dios ahorré un poco, tenía la indemnización guardada, y de eso voy tirando. Gracias a eso y a mi madre, que de vez en cuando me da 100 euros o lo que puede”, cuenta. Antonio es uno de los que se ha quedado “sin nada”. Muchos se prejubilaron o se recolocaron en Alestis –350 tuvieron esa suerte– o en Gadir Solar, una empresa de paneles fotovoltaicos creada en 2009 y cerrada en 2012, que recibió 25 millones de euros en incentivos y subvenciones. 196 trabajadores fueron a la calle, muchos de ellos ex de Delphi. Éste fue el primer varapalo al Plan Bahía Competitiva, creado por la Junta para compensar la llamada deslocalización de la multinacional norteamericana. Hasta doce empresas aseguró la administración autonómica que iban a venir a la provincia. Al final, solo las dos mencionadas. Y mientras, los antiguos trabajadores de Delphi se dedicaron a hacer cursos de formación para poder tener la posibilidad de trabajar en alguna empresa que llegara a la Bahía.
Pero les toca seguir esperando. A Antonio y al resto de afectados. El jerezano, uno los 95 del municipio que trabajaban en Delphi, pronuncia la frase con la que comienza el reportaje junto a Carrefour Sur. Allí se concentran varios compañeros suyos en torno a una furgoneta con el maletero abierto. En ella se amontonan alimentos. Es primeros de mes y ésta es la recogida mensual que realizan para que los prejubilados –algunos de ellos– colaboren con los que no tienen ayudas o están a punto de agotar las prestaciones. “Algunos dan 50 euros, otros menos… Lo que puede cada uno”, relata uno de los presentes. Uno de los que ahora les reclaman lo que cobraron por los cursos impartidos entre 2009 y 2012: entre 15 y 20 euros al día. A Antonio, y al resto de sus compañeros, les piden unos 6.200 euros. Su historia, con matices, es la del casi medio millar de exempleados de la factoría estadounidense que vieron en 2007 cómo la empresa cogía sus bártulos y se iba a otra parte. A Tánger (Marruecos) concretamente. Y otra parte a Polonia. El varapalo para la provincia fue enorme y todavía hoy, ocho años después, no se ha recuperado. El enfermo agoniza, se sabe de sobra, y los primeros males empezó a sufrirlos entonces.
“Tendría que haber cogido cerca de 160.000 euros y me llevé 78.000”, dice José, otro jerezano afectado que estuvo 22 años en Delphi y que cuenta que el acuerdo firmado para la recolocación incluía este requisito: Entregar la mitad de la indemnización para poder acogerse al protocolo. “Y de esos 78.000 tuve que darle a Hacienda el 21%, otros 16.000 euros”, añade. José cuenta que los profesores de los cursos cobraban entre 40 y 60 euros la hora. “Algunos hacían hasta dos turnos”, recuerda. “Veíamos que se estaba desparramando el dinero”, dice, y ahora lamenta el trato que han recibido unos y otros trabajadores. “Es como si tienes dos hijos y a uno le das un bocadillo de jamón y a otro no le das nada… Es injusto”. Por su lado pasa uno de los prejubilados, que acude a la recogida de alimentos, y colabora con sus excompañeros. “Tuve mucha suerte –confiesa–, porque esto es salvarse, es una lotería”. Los prejubilados, además de la mitad de la indemnización, perdieron el 40% de lo restante. Paco, otro afectado que asiste a la escena sentado en el suelo, no tuvo tanta suerte: “Me faltaron dos millones –habla en pesetas– para poder prejubilarme”. No llegaba al 40% exigido y no consiguió que nadie lo avalara para conseguir un préstamo y poder concluir su vida laboral. “Ahora, después de partirme la garganta y el pecho, ¿qué voy a coger, una miseria de paga?” Le quedan ocho meses para comprobarlo. En agosto cumple 61 años y podrá solicitar la prejubilación. “Por dos millones me veo aquí”, repite de nuevo.
Entre 1986 y 2007, Delphi recibió 62 millones de euros en subvenciones procedentes de la Junta. Luego se fue. Los trabajadores recuerdan con angustia sus últimos días en la compañía. “El director, un mexicano, vino a cerrar la fábrica”, apunta Pedro, otro antiguo empleado. “Se paseaba riéndose de nosotros y provocando”, relata. Mientras dice esto, lo escucha atentamente su compañero Antonio. Ambos hacen guardia en el edificio de los sindicatos de Cádiz. Allí mantienen un encierro que dura casi dos años. En la puerta, un cartel con letras amarillas y el fondo rojo, recuerda la cifra exacta: 676 días. Pedro, 19 años en Delphi, hizo más de 30 cursos después de salir. “Te llaman que tal día comienza el curso y vas sin saber”, relata. “Si no vas te sales del protocolo”. Lo que supone perder la opción de ser recolocado. La formación que recibieron, en su mayor parte, no les ha servido de nada, apuntan. “He hecho cinco veces el mismo curso de informática”, dice Pedro. “Y todavía tengo libros sin usar”, añade.
A Pedro y a Antonio les quedan seis meses de ayuda familiar (426 euros) y lamentan el “injusto” reparto que se ha hecho de los fondos del Plan Bahía. “Los prejubilados están viviendo bien y nosotros en la pobreza”, se queja Pedro, pero no culpa a sus compañeros: “No nos vamos a pelear con ellos, pero no se tendría que haber repartido el dinero del colectivo a menos de la mitad”. Antonio resume: “Han pasado ocho años y todavía están cachondeándose de nosotros”. El tono amargo de su voz le delata. Están cansados. Pero no cesan en su lucha. En el encierro matan el tiempo como pueden. Juegan a las cartas entre pancartas que les recuerdan por qué están allí. “Delphi solución”, “La lucha continúa”. Y en la puerta, junto al contador de días, un ataúd negro simboliza la “muerte” del empleo en la provincia. Y más pancartas: “La culpa de todo lo que hacemos es de la Junta”, “Encierro exDelphi por el cumplimiento del protocolo y los acuerdos firmados”, “La Susana Díaz se ríe de Cádiz”… Salta a la vista que están hartos de promesas incumplidas y de brindis al sol. “Ningún trabajador se quedará tirado”, llegó a decir el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 en un mitin en Sevilla. “Los trabajadores de Delphi van a encontrar el mejor aliado para afrontar esta situación en la Junta y en su presidente”, dijo ese mismo año Manuel Chaves.“Nos han llevado a la ruina”, comenta Pedro. Para colmo, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza, tampoco pueden hacen manifestaciones. Míticos fueron sus cortes del puente Carranza y sus numerosas movilizaciones. Pero eso quedó atrás. “No nos fiamos. Duele más una multa que un palo”, dice Antonio. A su edad –ambos pasan de la cincuentena–, lo tienen difícil para encontrar empleo. “Estamos hartos de echar currículos, pero entre que nos ha cogido una edad muy mala y la cruz que tenemos encima…”, dice, dejando entrever que los antiguos trabajadores de Delphi están “señalados” por mucha gente. “Nos llaman sinvergüenzas, nos dicen que nos lo hemos buscado…”, relata Pedro. “Y aquí estamos, casi sin nada, y las instalaciones vacías, sin maquinaria”.
Unos terrenos malditos
Las instalaciones, de 287.000 metros cuadrados, están hoy semivacías. Este mismo año se instaló una planta de tratamiento de residuos, Redelsur, que cerró pocos meses después por un presunto delito contra el medio ambiente por verter cinco toneladas de hidrocarburos sin estar autorizada para ello. “Se ha evitado la continuidad de una actividad que ponía en riesgo a las personas y al medio ambiente”, decía en septiembre la Guardia Civil, tras decretarse el fin de la actividad de la empresa. Ahora, en el terreno que ocupó Delphi, en el polígono El Trocadero, de Puerto Real, apenas hay movimiento, aunque sí seguridad –guardias y cámaras–. El Juzgado de lo Mercantil ordenó derribar lo que queda en las instalaciones, algo que intentan evitar a toda costa los administradores concursales.
¿Por qué tienen que devolver las ayudas?
La Inspección de Trabajo en Cádiz asegura que “nunca debió pagarse” a los empleados de Delphi por recibir cursos y dice que la Junta “simuló una relación laboral”, lo que permitió que percibieran entre 15 y 20 euros por clase y a la vez estuvieran cotizando a la Seguridad Social, teniendo así la posibilidad de disfrutar de prestación por desempleo más adelante. Ahora les piden que devuelvan lo cobrado y pretenden anular los meses que cotizaron, alterando así su situación actual y su futura jubilación. La Cámara de Cuentas de Andalucía ya alertó, antes que la Inspección de Trabajo, de la incompatibilidad de dar “becas” a los empleados para complementar las prestaciones que percibían y permitirles cobrar lo mismo que cuando estaban trabajando. La Inspección de Trabajo señala directamente a la Fueca (Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz) como responsable de esta ilegalidad, por lo que el Gobierno central le pide la devolución de 2,6 millones de euros, una cantidad exigua comparándola con los 20 millones que recibió en 2011 de la Junta para impartir esos cursos. Después de esto, la Fueca ha interpuesto una denuncia en la que culpabiliza a la Junta de lo sucedido. Los juzgados, una vez más, dirimirán quién lleva razón.
