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España

La infanta y Urdangarin llegan al edificio donde continuará el juicio

Sin detenerse ante los periodistas, han entrado juntos a las dependencias donde está previsto que siga a partir de las 9.15 horas la vista oral que comenzó el pasado 11 de enero

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  • Urdangarin y la infanta -

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, han llegado a las 8.50 horas al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma donde hoy continuará el juicio del caso Nóos, en el que se enfrentan a peticiones de pena de 8 años de cárcel y de entre 19 y 26 años y medio respectivamente.

Sin detenerse ante los periodistas, han entrado juntos a las dependencias donde está previsto que siga a partir de las 9.15 horas la vista oral que comenzó el pasado 11 de enero.

El primero en llegar al edificio de la EBAP ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, a las 8.31 horas; poco después el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach y el letrado de la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, Lluis Segura; y tras ellos el expresidente del Govern, Jaume Matas, acompañado por su abogado José Zaforteza.

Poco después han llegado también el exsocio de Urdangarin, Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro, con su abogado, Manuel González Peeters; así como el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el asesor fiscal Salvador Trinxet, y los hermanos Marco Antonio y Miguel Tejeiro, contable y secretario de Nóos, respectivamente, todos ellos antes de la infanta y Urdangarin.

El exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, que previsiblemente será el segundo en declarar hoy ante el tribunal, ha sido el siguiente en llegar a la EBAP, con su abogado, Gaspar Oliver.

Los siguientes en entrar han sido los dos abogados que defenderán hoy a la infanta, Jaume Riutord y Pablo Molins, de los seis que ejercerán su representación a lo largo del juicio.

A continuación ha llegado la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y luego varios acusados de la rama valenciana.

El siguiente ha sido el exdirector general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, que se prevé que sea hoy el primero de los 18 acusados en declarar ante el tribunal, con su letrado Ángel Aragón.

La infanta sigue acusada por Manos Limpias como supuesta cooperadora necesaria en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, después de que el tribunal desestimara la cuestión previa planteada por su defensa de que la causa fuera sobreseída para ella.

Los defensores de la hermana del Rey pedían que no se considerara a Manos Limpias legitimada para sostener en solitario la acusación contra doña Cristina, al ser acción popular.

Las magistradas desestimaron aplicar la denominada doctrina Botín y la jurisprudencia posterior por considerar que el caso Nóos difiere de ellas y que, además, el delito contra Hacienda que se imputa a la infanta daña un bien colectivo y, por tanto, la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado", y cabe una acusación popular aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado no la acusen.

Si bien no cabe recurso contra dicho auto, los abogados de la infanta formularon una protesta de cara a interponer en el futuro un posible recurso de casación contra la sentencia.

En su escrito denunciaron formalmente la vulneración del artículo 24 de la Constitución y de los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.

Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.

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