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Sevilla

Icomos aconseja a la Junta aplazar el proyecto de las Atarazanas

La entidad recomienda a Cultura seguir el protocolo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva al que pertenece, que incluye una carta de riesgos y unos estudios previos a los que se debería adecuar el proyecto. Icomos valora positivamente el proyecto de Vázquez Consuegra

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  • Mesa redonda de Adepa -

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) recomienda a la Junta de Andalucía, en el informe que ha realizado sobre las Reales Atarazanas, que aplace el proyecto de rehabilitación diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra en tanto que la Consejería de Cultura realice e incorpore a dicho proyecto una serie de requisitos incluidos en el protocolo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del que forma parte la Junta y todos sus bienes patrimoniales y que el documento actual no ha tenido en cuenta.

Víctor Fernández Salinas, miembro de Icomos España, explicó ayer que el informe sobre las Atarazanas realizado por el experto en arquitectura militar e industrial  Juan Antonio Rodríguez Villasante,  y que se hará público este miércoles, “valora positivamente el proyecto de Vázquez Consuegra” como tal, aunque, según señaló Salinas, “adolece de decisiones de base que previamente debería haber tomado la Junta” (como propietaria del edificio) tales como el haber realizado “una carta de riesgos y una serie de estudios previos”, requisitos incluidos en el mencionado protocolo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y sobre los cuales tendría que haberse diseñado el proyecto.  
“El arquitecto no tiene por qué saber cuáles son estos requisitos, es algo que corresponde a la Junta. Ahora sólo cabe que Cultura adecue el proyecto a dicho protocolo y eso es lo que recomienda Icomos en su informe”, indicó Fernández Salinas.

No obstante, Fernández Salinas reseñó que la Junta no está cometiendo ninguna ilegalidad al “saltarse” dichos protocolos, que el informe de Icomos “no es vinculante” y que los monumentos sevillanos considerados bienes Patrimonio de la Humanidad “no se encuentran en ninguna lista negra” en estos momentos.  “El estudio sólo considera que el proyecto no se está haciendo siguiendo los buenos criterios”, indicó.

Según Fernández Salinas, a la hora de valorar el proyecto de Vazquez Consuegra en sí dicho informe “no insiste tanto en recuperar la cota original del monumento sino en recuperar su escenografía”, algo que podría realizarse sin vaciar todas las naves. Además, el informe, que valora toda la secuencia histórica del monumento y no sólo la medieval, propone incorporar al edificio algunos de los bienes muebles del ejército para recuperar dicha escenografía original.  

Ciclo de Adepa
Fernández Salinas avanzó algunos de los datos del informe de Icomos durante el Ciclo de mesas redondas sobre las Atarazanas organizadas ayer por Adepa.

Durante su desarrollo, el presidente de Adepa, Joaquín Egea, hizo pública la respuesta que la Gerencia de Urbanismo ha remitido por escrito al grupo municipal del PP en referencia a la pregunta sobre Atarazanas que realizaron en el último Pleno, cuestionando al Consistorio por la fecha de la licencia de obras y por la fecha del inicio de las mismas.  El Consistorio, en su respuesta, señala que “la licencia fue concedida el 10 de diciembre de 2015” y que las notificaciones de dicho acuerdo “fueron firmadas el 11 de diciembre de 2015, constando el recibí de la notificación el interesado de fecha de 5 de enero de 2016”.

Respecto al inicio de las obras, el Consistorio señala que, “después de haber requerido a los promotores el documento justificativo de haber depositado la fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos generados por las obras”, con fecha 4 de febrero de 2016 se aportó la referida fianza “completándose así la documentación exigida para el citado inicio de obras”.

Además, Adepa fue la encargada de hacer público el informe de Hispania Nostra (entidad también invitada)  que incluye a las Atarazanas en su “lista roja del Patrimonio” en peligro por el grave impacto del proyecto de intervención en vigor.

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