La Policía Local ha reducido a la mitad el número de multas interpuestas en lo que va de año. La señal de alarma ha saltado, en primer lugar, en la Diputación de Cádiz, entidad encargada de la tramitación y recaudación de las sanciones, una vez cerrada la mitad del ejercicio de 2016. Las cifras no cuadran con las de los últimos ejercicios. No sólo eso, el descenso registrado, en torno a la mitad en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2015, ha provocado el traslado de una advertencia hasta el propio Ayuntamiento. Según ha podido saber este periódico, desde el ente supramunicipal se ha comunicado la circunstancia en busca de explicaciones y, sobre todo, para advertir que las previsiones de ingresos por la vía de las sanciones va a registrar una merma importante este ejercicio.
El problema no lo tiene sólo el Ayuntamiento, también otros servicios que dependen directamente de las consecuencias infractoras, caso del servicio de grúa de retirada de vehículos, cuya concesión gestiona la empresa Setex Aparki. Según han confirmado a este periódico fuentes de la misma, el servicio se ha reducido en un 70% en el transcurso de los últimos cuatro o cinco meses. Es decir, de retirar una media de 15 o 17 vehículos al día, se ha pasado a retirar dos o tres.
Según expone el gerente de la empresa en Jerez, Javier Vázquez, “o la gente ha empezado a aparcar bien y a cumplir con la ley, o algo raro está pasando, ya que la situación vivida es extraña”. De hecho, ya han dado traslado de su preocupación al propio Gobierno local, ya que el mantenimiento del servicio en las condiciones actuales es insostenible.
Nadie lo dice abiertamente, pero la explicación a la que todos aluden de manera indirecta deposita el punto de mira en los agentes de la Policía Local, en el sentido de que pueden estar utilizando la actividad sancionadora como elemento de presión contra el ejecutivo local en su pulso por la entrada en vigor de las medidas laborales entre la plantilla municipal que contempla el nuevo plan de ajuste.
No obstante, desde el SIP niegan que se esté llevando a cabo ningún tipo de huelga de brazos caídos. Su portavoz, Javier Romero, lo niega, y asegura que ni se ha producido un acuerdo en asamblea ni hay consigna por parte del sindicato a los agentes para que pongan menos multas.
Romero también elude las explicaciones directas, pero tampoco se muestra ajeno a la realidad: “Puede ser que los conductores estén cumpliendo mejor con las ordenanzas de tráfico, o puede ser también que haya algunos funcionarios que se sientan molestos con la forma de proceder del equipo de gobierno, pero en ningún caso se ha acordado que se realice una huelga de brazos caídos”.
La consecuencia directa de la situación -entendida como una presión directa desde la Policía local contra el Gobierno local- repercute en las arcas municipales, ya que la reducción de multas le ocasiona un perjuicio notable y viene a incrementar las dificultades económicas por las que atraviesa el Ayuntamiento. Sin embargo, de confirmarse que detrás de la reducción de sanciones hay una medida de presión, fuentes municipales entienden que no parece razonable, puesto que de agravarse la pérdida de ingresos, la situación provocará la aplicación de nuevas medidas de reducción de fondos de cara a afrontar el capítulo de personal, lo que afectaría a las retribuciones de toda la plantilla, incluida la de los policías locales.
Medidas drásticas
Como apuntábamos, la Diputación y el Ayuntamiento no son los únicos entes afectados por la reducción de multas. La concesionaria del servicio de grúa alerta ya del “desequilibrio económico” en sus cuentas, lo que ha provocado que la empresa esté ya “barajando hacer un expediente de regulación de empleo o ajustar la plantilla a la demanda real”.
El servicio de grúa cuenta actualmente con unas 15 personas en plantilla, cuyo coste laboral asciende mensualmente a unos 40.000 euros. A esos costes la empresa tiene que añadir los gastos de gasolina, de mantenimiento y de seguros de los vehículos. Sin embargo, el promedio actual de ingresos está entre diez mil y once mil euros al mes.
“Nosotros no vamos a permitir que el servicio se vea resentido y lo seguiremos prestando con las máximas garantías”, expone Vázquez, pero todo apunta a que si no cambia la situación los principales perjudicados van a ser las personas que integran la plantilla del servicio.
La concesión se adjudicó en el año 2010 por un periodo de diez años, con posibilidad de otros cinco.
En el pasado se fue de un extremo a otro
Los momentos de más tensión de la última década entre el SIP y el Gobierno local ha coincidido siempre con la presencia del PSOE al frente del Ayuntamiento. El ejecutivo presidido por Pilar Sánchez lo padeció de distinta forma y en el caso de las multas vivió los dos extremos: la huelga de brazos caídos -a comienzos de 2009-, con la que se redujo el número de sanciones impuestas por los agentes, y la huelga a la japonesa -en abril de 2010-, que estuvo acompañada de un incremento notable, aunque en ambos casos la medida estuvo respaldada por la asamblea de policías convocada por el SIP.
El SIP insiste en la “persecución sindical”
El SIP ha vuelto a negar que alguno de sus representantes sindicales se haya ausentado de forma injustificada de su puesto de trabajo, como se denunció desde el Gobierno local hace un par de semanas, al tiempo que critica que no se mencione a otras secciones sindicales ni a sus representantes sindicales “con reconocida afinidad al PSOE, y que han procedido exactamente de la misma forma que los miembros del SIP al hacer uso de los permisos sindicales cuando fueron convocados a reunión por la empresa”. En opinión del sindicato de la Policía, “se evidencia de esta forma la persecución sindical que se está llevando a cabo contra los representantes sindicales del SIP”.
Del mismo modo, también critican que desde el Gobierno local tampoco se haga pública “la ausencia laboral de un empleado municipal del Ayuntamiento que fue nombrado vocal del PSOE en la Junta Vecinal de El Torno”. A este respecto, el PSOE ha calificado las acusaciones de “ruines y mezquinas” y recuerdan que el citado empleado debió asumir de manera transitoria la alcaldía de la ELA “para ejercer labores públicas que fueron escrupulosamente justificadas” tras el trágico fallecimiento del anterior alcalde, Miguel Ángel Morales. Con todo, desde el PSOE de Jerez subrayan que “el vocal se ha acogido a los preceptivos permisos municipales para el desarrollo de funciones de carácter público”.
