El jurado popular que durante la última semana ha juzgado el crimen de Raquel Barrera recibirá este lunes por la mañana el objeto del veredicto para retirarse a deliberar. Las estimaciones de las partes es que pueda haber una decisión el mismo miércoles sobre si los hechos ocurridos en la madrugada del 6 de abril de 2014 en el domicilio del matrimonio son constitutivos de un delito de homicidio o asesinato con las posibles atenuantes o agravantes.
A sus diez miembros se dirigieron las acusaciones y la defensa de José Antonio C. B, el pasado viernes tras cuatro intensos días de declaraciones de casi 50 personas entre familiares, policías y forenses que han pasado por la sala de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Empezó la fiscal de Violencia de Genero, María Gala, pidiéndoles “sentido común” tras considerar que queda acreditado que hubo “alevosía” en el ataque por parte del acusado, que habría incurrido en un delito de asesinato.
La fiscal concluyó que el procesado “es autor de un delito de atentado con agravante de parentesco”, y que la mujer, de 42 años, fue víctima “de un ataque rápido, desde el lado derecho y por detrás”, aunque entiende que también hubiera sido “alevoso” si se hubiera sido “de frente”. En este sentido, argumentó que víctima “fue atacada sin posibilidad de defenderse, ni tiempo para reaccionar” porque, “aunque hubiese dado tiempo de ver lo que se le venía encima”, llevaba un ”índice altísimo de copas” --equivalía a 2,70 gramos por litros de sangre, según los análisis--. Esto, la dejaba “lenta de reflejos” y “sin coordinación suficiente” para defenderse.
En su intervención cuestionó además que la defensa haya llevado a la vista una prueba pericial “a medida y a base de presupuesto” en la que los forenses ponían en duda la mayor parte de las conclusiones de sus compañeros del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, y no descartó que el acusado “se hubiera planteado antes hacerlo” (en alusión a los hechos).
Asimismo, la fiscal se remitió a las periciales de los psiquiatras para advertir que el autor confeso “no sufría ninguna enfermedad mental” y señaló que “su problema no era un delirio”, sino "”que su mujer estaba pensando separarse”, tras recordar que esta es la principal causa por la que en 2014 hubo 53 mujeres muertas en España, de las cuales solo 31 presentaron denuncia.
Por su parte, el abogado de la acusación particular que representa al hijo de matrimonio, de 25 años, el letrado Manuel Hortas, se dirigió al jurado popular para hacerles llegar “lo que el hijo de Raquel piensa”, trasladándoles que el joven “no tiene duda de que el fallecimiento estaba pensado” porque “lo conoce” --por su padre--.
De la misma forma, para la acusación el procesado “tenía meditado hasta dónde hablar y guardar silencio” a la Policía y forenses “para dar la versión que más le favorezca”, asegurando que “no tenía la finalidad de suicidarse” cuando tras los hechos se autolesionó con el arma del crimen, incidiendo en que “sabía hasta donde podía llegar”.
La acusación particular que representa a los padres de la víctima, ejercida por el letrado Antonio Barrera, también cree que el procesado “sabía perfectamente lo que iba a pasar” y a lo largo de la vista “se ha construido la versión que le interesa”.
En nombre de los padres de Raquel pidió que la justicia se aplique “en su máximo rigor”, ya que es “el mínimo consuelo” que les queda para que el procesado “pague por lo que hizo”.
La Fiscalía mantiene su solicitud de 18 años años de cárcel por asesinato, calificación a la que se suma la acusación popular que ejerce la Junta, que también se ha personado en este caso, mientras que las dos acusaciones particulares elevan esta pena a 20 años.
La frialdad del acusado, lo más comentado
La frialdad con la que el acusado narró su versión de los hechos ha sido uno de los detalles que más se ha comentado en la sala. Una actitud de la que también hablaron en pasado los policías locales que le atendieron, llegando a decir el agente que cogió la llamada a la sala del 092 que en sus 21 años “nunca había escuchado algo tan fuerte” por la forma en la que se expresó tras haber cometido un crimen así. Ni siquiera reaccionó a la mirada desafiante y de reproche de su hijo cuando declaró, si bien en su derecho a ejercer la última palabra, a José Antonio C.B. se le quebró la voz cuando dijo al tribunal que sentía “mucho y de corazón lo que ha pasado” y pidió perdón “a la familia, amigos y a la sociedad en general”. A destacar es también el comportamiento de la familia de Raquel, que ha seguido la vista impotente y soportando momentos muy duros.
Su defensa, ejercida por Alfredo Velloso, mantiene que su cliente “perdió los papeles” porque estaba “enamorado de forma enfermiza”, pero no incurrió en asesinato porque la víctima “pudo defenderse” y así lo avalan las dos heridas en la muñeca y en un dedo -las mismas que los forenses achacaron a un acto reflejo-. Para la defensa, se trata de un delito de homicidio, con las cuatro eximentes completas de arrepentimiento, enajenación mental, arrebato, y reparación del daño, lo que dejarían la pena de prisión en cinco años.
