Los seis trabajadores readmitidos en el Ayuntamiento ya se encuentran prestando servicio en sus correspondientes puestos, con lo cual la institución municipal da cumplimiento a una sentencia provisional por supuesto despido improcedente. Los trabajadores fueron contratados durante el anterior mandato municipal por el entonces equipo PP-Ai-Pro.
Como que el juzgado de lo social de Jerez ha considerado que estos despidos improcedentes se produjeron “por motivos políticos”, ordenó que los trabajadores fueran readmitidos. Según ha expresado el alcalde, Isidoro Gambín, el Ayuntamiento está cuantificando actualmente el coste de la readmisión, la cual está recurrida en el mismo juzgado, por lo que la sentencia no es firme. Sin embargo, Gambín se pregunta por qué la Justicia no obliga a la readmisión de 154 trabajadores a los que el actual equipo de Gobierno no renovó el contrato.
“Este equipo de Gobierno, lógicamente, va a respetar la decisión del juzgado, pero no la comparte”, señala el alcalde, que anuncia la convocatoria de una rueda de prensa “a nivel provincial” al objeto de explicar “cómo la Justicia obliga a un ayuntamiento a readmitir a unas personas que están relacionadas directa, política y familiarmente con políticos del anterior equipo de Gobierno, y precisamente con una causa que se está viendo en los juzgados de Arcos”. Así, alude al caso de los enchufes laborales que mantiene investigados a nueve concejales del anterior equipo de Gobierno y cuya sentencia podría ver la luz en breve después de la complejidad que este caso judicial parece manifestar.
Cuestiones en el aire
“Por qué hay que readmitir a estas seis personas por persecución política y no al resto de las personas a las que desgraciadamente no se les ha podido renovar el contrato. Ahí sí que hay una diferencia muy clara. Al resto no y a los militantes y familiares del PP sí. Es una buena pregunta que debemos hacernos”.
Con estas declaraciones, Gambín deja a las claras su oposición a la sentencia del juzgado de lo social. No obstante, el alcalde asegura que se esperaba denuncias de los trabajadores no renovados -prefiere no utilizar el término “despedidos”- y que por ello se había previsto el pago de una serie de indemnizaciones, que considera lógico y justo. Pero, insiste, cómo el juzgado puede ordenar la readmisión de seis trabajadores dando así cumplimiento con carácter provisional a una sentencia por despido nulo.
Mientras tanto, los concejales -anteriormente imputados y ahora investigados tras la modificación del Código Penal- no han realizado declaraciones sobre un caso que vislumbra una sentencia que podría aportar “un antes y un después” a la gestión de los ayuntamientos sobre el empleo público. Cabe recordar que el actual equipo de Gobierno socialista de Arcos viene prometiendo desde el minuto cero del mandato que acabaría con el enchufismo laboral.
Sin noticias por ahora sobre el caso de los enchufes
Sobre el juicio por el caso de presuntos enchufes en el anterior mandato, el alcalde ha vuelto a aclarar que el Ayuntamiento, por el momento, no se personará como acusación. La denuncia partió en su día del entonces concejal socialista Joaquín Macías. Fiscalía tuvo a bien darle curso y abrir una investigación que salpicó de lleno a nueve concejales del equipo PP y Ai-Pro, e incluso al alcalde popular de la época, José Luis Núñez. Este caso sigue sus trámites en los juzgados.
