El proyecto de ley ha salido adelante con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno catalán y de CiU, mientras que votaron en contra los representantes del PPC y se abstuvieron los tres diputados del grupo mixto.
La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el destino de sus parientes desaparecidos, a dignificar y señalizar el lugar del entierro y, si corresponde, a la recuperación de sus restos.
Para que el Govern sufrague la apertura de la fosa común, deberán pedirlo primero familiares del desaparecido o bien una institución o entidad dedicada a la recuperación de la memoria histórica, luego un comité técnico deberá dar su visto bueno tras comprobar que hay pruebas documentales y en último lugar la Generalitat decidirá.
El Ejecutivo catalán ensayó el protocolo para las exhumaciones en una fosa común de Gurb (Barcelona) a finales de 2008, donde un equipo de investigadores identificó a cuatro soldados republicanos de Gavà desaparecidos durante la Guerra Civil a partir de los restos humanos hallados en la zona, un proceso que costó 60.000 euros.
En este caso, la Generalitat tenía la autorización del propietario de los terrenos para abrir la fosa, pero un aspecto de la ley es que contempla aplicar una ocupación temporal con indemnización en casos en los que se deban exhumar cuerpos y el dueño de la parcela no esté de acuerdo.
Aunque la Generalitat ya ha recibido 18 peticiones de información de particulares y ayuntamientos sobre posibles actuaciones una vez aprobada la ley, la mayoría están interesadas en dignificar y señalizar fosas.
El Gobierno catalán ha contabilizado un total de 179 fosas comunes en esta comunidad, pero sólo prevé la apertura de unas dos o tres cada año.
