La alcaldesa, Mamen Sánchez, advirtió ayer de que el Gobierno local no va a asumir ningún riesgo en el proceso de reincorporación de los afectados por el ERE, admitiendo que existe incluso el temor de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pudiera remitir a la Fiscalía alguno de los acuerdos transaccionales pendientes aún de aprobarse en Pleno en el supuesto de que los jueces observasen alguna acción “constitutivas de delito”.
“Existe un riesgo, porque si mandas al TSJA una transacción en la que vean una acción constitutiva de algún tipo de delito la mandarían a la Fiscalía y ahí habría un riesgo, y lo que puedo decir es que riesgo cero. Todo lo que hagamos tiene que ser garantías de riesgo cero”, afirmó.
El temor a dar un paso en falso es mayor aún si cabe si se tiene en cuenta que el grupo popular dejó claro días atrás que se reservaba “el derecho” de iniciar “cualquier actuación política o judicial” en el supuesto de que el expediente de reincorporación de los afectados por el ERE no contase “con todos los informes favorables que exige la ley”. “Tenemos una amenaza sobre nosotros y sabemos además cómo está la Justicia”, aseveró la alcaldesa. Además, “nadie quiere asumir ningún riesgo porque nadie de este Gobierno ha hecho el ERE”. “El ERE lo hizo el PP, que fue quien puso a estas personas en la calle”, sentenció.
El caso es que, a día de hoy, la reincorporación de los afectados por el ERE no cuenta con ningún informe favorable que sea realmente concluyente, ya que según la propia Mamen Sánchez “en Derecho todo es interpretable” y cada informe que llega a manos del Gobierno local “dice una cosa y es diferente” del anterior. “Por la seguridad del Pleno y de nosotros mismos necesitamos informes muy concluyentes y muy cerrados”, apostilló.
Ante esta tesitura, el Gobierno local contempla incluso la posibilidad de solicitar la elaboración de un informe penalista, que vendría a sumarse a los documentos que ya obran en poder del Ejecutivo y que, según Mamen Sánchez, no garantizan la legalidad del procedimiento.
Las dudas que existen alrededor del proceso motivan que ningún técnico municipal quiera poner su firma a este expediente. En este caso confluyen además otras circunstancias que complican aún más si cabe la operación. La alcaldesa aludió ayer al dilema que se plantea unos técnicos que tendrían que adoptar decisiones “sobre excompañeros de trabajo”. “Nadie quiere decir quiénes entran y quiénes no”, resumió.
Más difícil resulta aún que algún habilitado de otro ayuntamiento se presentara voluntario para asumir esta responsabilidad. De ahí que el Gobierno local tenga intención de solicitar a la Junta que cubra la vacante del secretario y la oficial mayor, ambos de baja médica.
Ni siquiera habrá Pleno ordinario
La falta de secretario impedirá la celebración del Pleno ordinario del mes de septiembre, en principio fijado para el próximo jueves 29 de septiembre. Este miércoles debieron celebrarse las comisiones de pleno, pero no llegaron a convocarse.
“Jerez es alto riesgo y nadie quiere venir”
El bloqueo que padece el Ayuntamiento no parece tener fácil solución. “No podemos hacer otra cosa que solicitar a la Junta que cubra la vacante del secretario, aunque se tarde más tiempo. Jerez es alto riesgo y nadie quiere venir voluntario”, asumió Sánchez.
