Sánchez comentó en rueda de prensa que además, con esas comercializadoras, los usuarios “no podrán acogerse al denominado bono social”, que consiste en un descuento en la tarifa “si su potencia es de 2,2 kW o menos, todos los miembros de la familia están en paro o no alcanzan determinados niveles de renta”.
Por ello, el portavoz de la Facua afirmó que existe una “discriminación acompañada de prácticas abusivas”.
Sánchez anunció que la Facua denunció estas “graves irregularidades en el proceso de liberalización eléctrica” ante las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social.
