Tajante fue el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, al garantizar que el Gobierno y el PSOE “van a sacar adelante la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Y advirtió de que “lo que tienen que entender los obispos” es que “en el ámbito de lo público la única moral posible es la Constitución”, porque “el bien común, los intereses y los derechos de los ciudadanos” se regulan en las Cortes “y no con morales privadas”.
A la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, le parece que la Iglesia “no sabe cuál es su lugar” y le pidió que deje al Parlamento votar, porque es el que representa a los ciudadanos”.
“Ellos, en el ámbito de los fieles a su Iglesia”, añadió la ministra, “que les hagan las recomendaciones que estimen oportunas”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se limitó a señalar que lo mejor que se puede hacer en este momento es esperar a lo que cree que “va ser un rico debate”.
Más crítico fue el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, al denunciar la “hipocresía” de la Iglesia porque el proyecto presentado por el Gobierno no difiere apenas de la ley que está actualmente en vigor y que estaba cuando gobernaba el PP, “y los obispos callaban”.
Para el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, la Conferencia Episcopal “tiene todo el derecho a hacerse oír”, porque en un país libre y democrático como España “todo el mundo tiene derecho a opinar en todos los debates”.
González Pons evidenció asimismo que los obispos tienen “una responsabilidad muy grande” con todos los católicos, aunque dentro de su ámbito, que es “la religión”.
Por su parte, el portavoz de CiU en la Comisión de Economía y Hacienda, Josep Sánchez Llibre, enfatizó que él se expresa en sus propios términos “y no en los términos de los obispos”.
