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IU cita las recomendaciones de Maeztu sobre el derecho humano al agua

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicita al Ayuntamiento la adopción de medidas para "hacer efectivo el derecho humano al agua en la ciudad"

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  • Reunión con el defensor -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha mostrado este viernes su "satisfacción" ante la resolución emitida por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que encabeza Jesús Maeztu, en la que se solicita al Ayuntamiento hispalense la adopción de una serie de medidas "al objeto de hacer efectivo el derecho humano al agua en la ciudad".

Según ha indicado González Rojas, esta resolución, que se produce a raíz de una queja registrada por los grupos municipales de Izquierda Unida y Participa Sevilla, constituye un "importante espaldarazo" a las reivindicaciones que ambas formaciones políticas vienen planteando en relación con el derecho al agua y supone, además, "un seria reprimenda" a la gestión desarrollada hasta ahora por Gobierno de Juan Espadas (PSOE) en esta materia.

Y es que en la referida resolución se deja claro que, a pesar de las mociones aprobadas en pleno y de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de Emasesa sobre esta cuestión, la realidad es que "los avances han sido escasos" y que los mecanismos de ayuda de la empresa metropolitana están "supeditados" a su tramitación a través de unos servicios sociales municipales que en la actualidad sufren "una sobrecarga de trabajo". También advierte el Defensor del Pueblo Andaluz de "la existencia de familias que por encontrarse en situación de tenencia en precario de su vivienda no se les permite la contratación de este suministro básico".

Ante este panorama, la institución que dirige Maeztu propone al Gobierno de Espadas una batería de recomendaciones y sugerencias, entre las que destaca la de dar "debida difusión" a las ayudas de Emasesa y establecer los adecuados mecanismos de coordinación con los servicios sociales, "con objeto de garantizar que nadie sufra un corte de suministro de agua por razones económicas".

Igualmente, el Defensor del Pueblo Andaluz apuesta por incorporar en el reglamento de Emasesa "el reconocimiento explícito del derecho humano al agua", incluyendo "el derecho a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando la situación económica así lo requiera".

Pero no sólo eso, en la resolución también se aboga, tal y como viene reclamando IU, por establecer un régimen de bonificaciones en las tarifas de esta empresa pública, con el fin de reducir el coste del servicio a aquellos colectivos de personas en situación de "desfavorecimiento social", y por eliminar la exigencia de tener que acreditar ante Emasesa el "derecho de disponibilidad" sobre la vivienda a la hora de contratar el suministro.

"La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz está en plena sintonía con nuestras demandas", ha aseverado González Rojas, quien subraya que IU no ha dejado de reclamar, desde el inicio del mandato, que se blinde el derecho al acceso al agua en Sevilla, así como la prohibición de los cortes y la garantía de un suministro mínimo vital a todas las personas en situación de emergencia social.

DESDE JULIO

Cabe recordar, además, que tanto González Rojas como la concejala de Participa Sevilla Cristina Honorato ya expusieron esta problemática a Maeztu el pasado mes de julio durante un encuentro de trabajo, mantenido en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en el que le trasladaron las reivindicaciones de la campaña '¡Ni un día más una vivienda sin agua!' impulsada por ambas fuerzas políticas, junto a otros colectivos sociales.

En este sentido, Rojas ha anunciado que su grupo político elevará una batería de preguntas al próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla para "conocer de primera mano si el Gobierno de Espadas tiene intención de cumplir las recomendaciones y sugerencias realizadas por Jesús Maeztu y si ya ha ejecutado alguna de ellas".

En esta resolución, que ha sido trasladada a todos los ayuntamientos en los que presta servicios Emasesa, con objeto de "obtener un pronunciamiento expreso de cada uno de ellos", el Defensor del Pueblo solicita a los consistorios aludidos una respuesta, "en el plazo no superior a un mes", donde "pongan de manifiesto la aceptación de las recomendaciones y sugerencias formuladas, o en su caso, expongan las razones que estimen oportunas para no aceptarlas".

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