El grupo del PP en la Diputación de Granada ha solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de un consejo de administración de la sociedad Granada Desarrollo Innova S.A. para conocer la situación de la entidad en el llamado caso Mercamed y qué va a pasar con su disolución.
La diputada provincial del PP María Merinda Sádaba se ha referido a los "indicios de que no se hicieron las cosas bien" durante la etapa de gobierno de PSOE e IU, entre 2007 y 2011 en la Diputación Provincial, respecto al posible uso de recursos económicos de esta sociedad "sin ningún tipo de procedimiento ni soporte documental o contractual".
Los estatutos de Granada Desarrollo Innova establecen que la sociedad nace para la prestación de servicios públicos que sean encomendados, no solamente por la Diputación Provincial, sino también por otros ayuntamientos de la provincia de Granada, pero no contemplaba otro tipo de actuaciones como "pagar ferias en territorio marroquí", ha señalado.
Afirma que, a pesar de esto, en 2011 se decidió realizar una feria en territorio marroquí "para la que se utilizaron recursos económicos de Granada Desarrollo Innova, en concreto 30.000 euros", además de otros "20.000 euros para transportes vinculados a la misma".
Sádaba ha señalado que el caso Mercamed está pendiente de las calificaciones de las partes, después de que el Juzgado convirtiera las diligencias abiertas en procedimiento abreviado.
Sin embargo, matiza que el procedimiento se "frenó" cuando, en febrero de 2016, el gobierno encabezado por el socialista José Entrena cambió el letrado encargado del caso.
El grupo popular quiere saber si el actual gobierno provincial "va a defender los intereses de la provincia" y qué va a pasar con la disolución de la empresa con capital cien por cien público, después de que en julio de 2016 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informara de que las sociedades con pérdidas durante más de dos años y cuya situación no se corrija a través de un plan económico financiero tienen que ser disueltas.
Censura el PP que el gobierno provincial emitiera en diciembre de 2016 un informe jurídico sobre la situación de la sociedad, pero "no lo sometiera ni elevara al consejo de administración de Granada Desarrollo Innova, trámite preceptivo para proceder a la disolución de la misma, ni tampoco lo llevara a pleno".
