La oficina del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID) en Córdoba, perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, "ha conseguido que por primera vez se admita la participación del Ministerio Fiscal en un procedimiento judicial por ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual".
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, quien ha explicado que "este hecho, que supone al ampliar las garantías de derechos de las familias más desfavorecidas, se produce a raíz de un escrito presentado por la oficina del SAID para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el carácter de consumidor vulnerable de los afectados".
De esta forma, tras tener constancia de ello, el fiscal delegado de la especialidad Civil y Protección de Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma, Fernando Santos Urbaneja, "atendió la solicitud de personación justificada en la condición de consumidor en especial vulnerabilidad de los afectados".
A este respecto, Vioque ha destacado el "empeño y trabajo" de Santos Urbaneja por reforzar las relaciones entre el Ministerio Fiscal y las oficinas del SAID, "como consta precisamente en su trabajo 'Sobre la legitimación procesal del Ministerio Fiscal en defensa de los consumidores', donde apuesta por reforzar una protección eficaz de los intereses de los consumidores".
La delegado ha señalado que este caso, además, se "demuestra que estamos en el camino correcto y que los instrumentos de los que se continua dotando el Gobierno andaluz para garantizar y ampliar los derechos de los más vulnerables están dando sus frutos".
A través de este instrumento, según ha detallado Vioque, "la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses" e, igualmente, "incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble".
Desde octubre de 2012, fecha de su puesta en marcha, hasta finales de 2016, la Junta ha atendido a un total de 1.249 familias de la provincia de Córdoba mediante el SAID. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 190 expedientes, en su mayoría en el ámbito de la intermediación.
