Los bomberos del Consorcio provincial han denunciado la presunta desprotección que estarían sufriendo al quedar desprovistos de los seguros de vida e invalidez; decisión que se habría tomado el pasado 15 de junio y que fue supuestamente anunciada a los trabajadores por el presidente del Consorcio. La dotación de estos seguros está recogida en el acuerdo regulador del sector.
El motivo de la paralización podría haber sido, según fuentes del Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), la ausencia de compañías aseguradoras en el proceso de licitación, que finalmente ha quedado desierto. Esta situación se produciría una vez que la anterior compañía concesionaria decidiera no prorrogar el contrato.
Según el sindicato de los bomberos, siete compañías aseguradoras no se han decidido a contratar con el Consorcio debido a la cantidad de funcionarios que han pasado a ser jubilados por incapacidad.
Los trabajadores acusan a la dirección del Consorcio, “con la inestimable colaboración del médico de empresa, poniendo todo de su parte para quitar de en medio a los funcionarios con cualquier tipo de incapacidad, en vez de crear plazas de segunda actividad, tal y como viene recogido en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía. Esto ha hecho que este seguro no sea viable para las aseguradoras”, señalan los bomberos.
Se da la circunstancia, según las mismas fuentes, que el seguro de jubilación anticipada estaría siendo investigado por orden judicial por la UDEF, tras la denuncia presentada por el SBC en 2013. Los bomberos entienden que la situación de indefensión que padecen tiene como origen una paralización de los seguros de vida e invalidez “que se amarró en su momento hasta el año 2018, en el que curiosamente ya estarán jubilados y disfrutando del suculento regalo de despedida, entre otros el anterior gerente, que se llevaría unos 340.000 euros, el señor Morales de CCOO, etc.
Todo esto ha costado unos ocho millones de euros, dejando sin recursos económicos para la creación de puestos de segunda actividad, que podrían haber sido ocupados por muchos de los que fueron fulminados por incapacidad y que pasaron a engordar los gastos de la compañía aseguradora. No les falta razón a las compañías de seguros al no querer asumir este marrón”.
Al SBC le parece lamentable la posible “mala gestión y los chanchullos de los dirigentes del Consorcio, con el apoyo incondicional de CCOO, sin quitar su parte de responsabilidad a los entes consorciados”. Por ello, el sindicato exige que se cumpla el acuerdo regulador en el apartado de seguro de vida e incapacidad.
El sindicato asegura, por último, que no está dispuesto a negociar ni pactar contra los intereses de los trabajadores porque consideran de justicia que se restablezcan los seguros. La primera consecuencia de la situación es que el trabajador solo percibiría un 55 por ciento del sueldo en caso de invalidez, teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos estos trabajadores. Además, sus familias no tendrían derecho a indemnización alguna en caso de fallecimiento o accidente laboral.
El sindicato ya ha puesto esta situación en manos de su servicio jurídico. La próxima semana, coincidiendo con el pleno de la Junta General del Consorcio, se convocará a todo el personal para que asista para transmitir a los distintos ayuntamientos su rotunda oposición a esta situación.
