La Fiscalía de Málaga ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad malagueña de Marbella, que llevó el caso 'Malaya', contra la corrupción en dicho municipio, que expida solicitud de extradición por esta causa respecto del exedil marbellí Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y permanece detenido desde hace unas semanas en Argentina. Entiende que el delito que se le imputa en este procedimiento no está prescrito.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales. Fernández se fugó en junio de 2006, en plena segunda fase de la operación 'Malaya', contra la corrupción en la localidad marbellí, y desde entonces se desconocía su paradero hasta ahora. Pero, el auto de procesamiento dictado por el instructor en dicha causa, en julio de 2007, sí se dirigió contra él.
Así, la Fiscalía considera que en la requisitoria internacional dictada por dicho juzgado en octubre de 2006, decretando la busca y detención de Fernández, se concretaba la imputación como presunto autor de un delito de cohecho y entiende que al hablar de prescripción de un delito hay que tener en cuenta las penas que se establecen en abstracto en el Código Penal, según las fuentes.
Dicha norma --se tiene que aplicar el Código Penal de 1995 -- contempla para este delito penas de prisión de dos a seis años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 12 años.
Para el fiscal, el plazo de prescripción de dicho delito es de 15 años ya que una de las penas, la de inhabilitación, es de más de diez años. Así, considera que no está prescrito tomando cualquiera de las fechas, ya sea la comisión de los hechos, que serían los años 2004 o 2005, o cuando se dictó el auto del juzgado con la busca y captura en 2006.
Por esto, pide que el juzgado expida la solicitud de extradición a las autoridades argentinas para poner a disposición de los tribunales españoles al exedil para que pueda ser enjuiciado por los hechos por los que fue procesado.
En el auto de procesamiento se indicaba que en los archivos informáticos hallados en la sede de la sociedad Maras Asesores, del principal condenado en 'Malaya', Juan Antonio Roca, aparece como uno de los destinatario de sobres unas iniciales que los investigadores asociaron a Carlos Fernández. Así, se precisaba que "habría recibido al menos 150.000 euros, sin contar aquellas cantidades que aparecen innominadas".
LA CONDENA, PRESCRITA
Por otro lado, en el caso de la condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, juzgado por el procedimiento de jurado, la Fiscalía entiende que está prescrita, ya que el Código Penal establece un plazo de prescripción de cinco años para penas menos graves de menos de tres años de prisión, como es este caso. En este caso, insta a que se declare extinguida la responsabilidad penal.
Esta condena se produjo después de que un jurado popular lo considerara culpable de malversar 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí para el pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. En este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia en abril de 2006.
Asimismo, el Supremo no admitió a trámite el recurso en junio de 2007, considerando el ministerio fiscal que tomando dicha fecha habría pasado el plazo de prescripción, a pesar de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que fue la que dictó sentencia, decretó la firmeza el 17 de septiembre de 2007 y en octubre se acordó su busca y captura.
Respecto al resto de causas que tenía Fernández cuando se fugó, unas diez, la Fiscalía ha recibido la documentación de los juzgados marbellíes correspondientes y está analizándola para determinar su prescripción o no, según han indicado fuentes fiscales.
La Audiencia Nacional ya ha propuesto al Gobierno español que tramite la solicitud ante las autoridades argentinas para la extradición del exedil por el caso 'Saqueo II', al considerar también que los delitos por los que está acusado Fernández en esta causa no están prescritos.
