Los 5.000 vecinos de Pedrera, el pueblo sevillano en el que se produjeron disturbios el pasado fin de semana entre algunos vecinos y miembros de la comunidad rumana, parecen divididos a la hora de valorar unos hechos que ya están a la espera de que la Justicia dictamine quién tiene o no la razón.
En el pueblo, hoy prácticamente no se habla de otra cosa, después de que el pasado sábado un matrimonio fuese agredido por un hombre de nacionalidad rumana tras una discusión banal de tráfico, y la respuesta de un centenar de vecinos autóctonos fuese atentar contra una decena de coches propiedad de algunos de los rumanos que viven en el pueblo de una forma más o menos estable.
Las claves para entender por qué un pueblo pacífico es noticia por estos disturbios son varias, aunque una de ellas radica en que la cobertura de medios de seguridad en Pedrera es escasa en comparación con su población, como explica a Efe el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Ramón Álvarez.
El pueblo cuenta con dos policías de forma fija, y el año pasado el Gobierno, dentro del plan de ajuste, autorizó al Ayuntamiento a tener dos ayudantes más, pero para cumplir con la media mínima necesitaría "seis u ocho como mínimo". El resto de la cobertura de seguridad depende de los cuarteles de la Guardia Civil de municipios cercanos, como Osuna o La Roda de Andalucía.
No obstante desde el domingo pasado hay una veintena de agentes de la Benemérita patrullando de forma pasiva por el pueblo, en prevención de nuevos disturbios que, aparentemente, no se van a producir, vista la calma que se respira en las calles, con patrulleros que circulan de forma continua, y que dan a los vecinos cierta sensación de seguridad.
A falta de que la Junta Local de Seguridad, convocada de urgencia para mañana, dé los datos definitivos, se esgrime la cifra de que casi el 80 % de las ayudas que salen de las arcas públicas van a casas de personas nacidas en la localidad y el resto a inmigrantes rumanos residentes de forma más o menos estable en el pueblo.
Con todo, después de que el alcalde, Antonio Nogales (IU), haya acusado al PSOE local de promover las revueltas, con escrache incluido a la casa del cura, el Ayuntamiento sí pone el foco en que se ha usado un vídeo "manipulado" para reavivar una polémica que ya iba de paso, algo que niegan los socialistas, que aseguran que se intenta desviar la atención del problema hacia la oposición, cuando "es algo que tiene que arreglar el equipo de gobierno".
Mientras tanto, se van aclarando las cifras en torno a este asunto, como la referente a los coches propiedad de ciudadanos rumanos que fueron volcados por vecinos que se tomaron la justicia por su mano. Fueron tres la misma noche de los hechos y siete al día siguiente, junto a otra cifra: las más de seis horas que algunos vecinos estuvieron en la puerta del cura del pueblo, Enrique Priego, acusándole de ser el promotor de la solidaridad hacia los rumanos.
La iglesia, como en otros muchos pueblos de España, gestiona ayudas sociales a través de Cáritas, institución que niega que a nadie se le mire la documentación a la hora de darle una ayuda cuando la requiere.
En ese ambiente, Pedrera espera mañana a responsables de distintas administraciones para poner en pie todo lo relativo a la seguridad en el pueblo, con la confianza de que lo sucedido el pasado fin de semana se un recuerdo muy pronto, mientras la Justicia decide qué pasa con los siete detenidos tanto por la agresión que desencadenó los hechos como por atentar contra los coches de la comunidad rumana.
