El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado realizar una auditoría sobre la gestión del Consistorio entre los años 2007 y 2017, tras haber sido sustituida la propuesta inicial del equipo de gobierno por dos enmiendas presentadas por PSOE y PP.
La enmienda del PSOE recoge una ampliación del tiempo de 2007 a 2017 y matiza que sea elaborada por profesionales independientes y una vez culminada se dé traslado a la ciudadanía, mientras que la propuesta del PP pide que se audite sólo aquello que no se haya auditado y que se haga en coordinación con el departamento de intervención del Ayuntamiento.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha defendido que en la iniciativa aportada por el equipo de gobierno "prima la transparencia", ya que "los ciudadanos tienen derecho a acceder a información veraz y contrastada de la deuda del Ayuntamiento, sus empresas y organismos". Navarro ha hecho referencia a que es la segunda vez que se trae esta iniciativa, ya que en noviembre de 2015 "se llevó la elaboración de una auditoría que se encontró con el voto en contra de toda la oposición".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha calificado "de incongruente" la iniciativa del equipo de gobierno al "afirmar que parte de la deuda es ilegítima al tiempo que presumen de ir reduciendo la deuda municipal", mientras que el concejal del PSOE, Juan Cantero, ha acusado al equipo de gobierno de llevar "una propuesta de postureo al carecer de rigor científico". Además, ha señalado que "el concepto de auditoría ciudadana es un concepto político inventando por los afines de Podemos".
El portavoz en ese punto del PP, Bruno García ha afirmado que la deuda se encuentra en todos los proyectos que ha desarrollado el PP durante los 20 años de su mandato.
Por otra parte, con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PSOE que ha votado en contra, ha salido adelante la propuesta del equipo de gobierno en relación a la defensa de un plan de estabilidad del profesorado interino de los centros públicos de enseñanza tras las movilizaciones emprendidas por este colectivo.
La iniciativa exige a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a firmar un acuerdo de estabilidad que garantice que quienes estén trabajando puedan continuar, además de instar al Ministerio de Educación que diseñe un sistema de acceso a la función pública docente justo para el personal interino e instar a ambas administraciones a mejorar y equiparar las condiciones laborales de este personal con las del funcionario de carrera.
