El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería, el magistrado Rafael Soriano, ha librado oficio a la Guardia Civil para que informe del coste total del dispositivo de búsqueda que se activó y mantuvo durante 13 días en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) tras la desaparición del niño de ocho años Gabriel Cruz con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil en la causa penal que se sigue contra la presunta autora de la muerte violenta, Ana Julia Quezada.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a Europa Press que el oficio se ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) y se enmarca dentro de las diligencias de prueba que está acordando el juez instructor para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el crimen.
El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar, tal y como ha adelantado en su edición de este lunes el diario 'La Voz de Almería'. En concreto, las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos "especiales" como balsas y pozos.
Las mismas fuentes han indicado que han solicitado personarse como acusación popular en las diligencias previas por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral el colectivo 'Clara Campoamor' y la Asociación Andaluza de Estudios Penales si bien el magistrado Rafael Soriano aún no las ha admitido y las está estudiando.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 5 acoge este martes el inicio una nueva tanda de testificales en la que están llamadas a comparecer en sede judicial diez personas, entre los que se encuentran algunos familiares del pequeño.
En un auto, consultado por Europa Press, cita a cuatro de estas personas a las 10,00 horas, mientras que los seis restantes, entre los que hay un agente de Policía Local, deberán declarar en calidad de testigos el día 19, a la misma hora. El juez ha acordado, asimismo, prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esta resolución.
Cabe recordar que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, excompañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
Poco antes de la cita, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban "sin duda" a "uno de los días más duros". El juez instructor les tomó declaración por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del niño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas.
Durante este periodo, según considera indiciariamente la investigación y se recoge en el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la autora confesa de la muerte, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño" y "mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte.
El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance "muy doloroso".
Ella estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última "aprovechó un momento temporal en el que sabía a solar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar" para, mediante "engaño" o "promesa de devolverlo pronto a jugar", llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.
La nueva tanda de declaraciones se ha ordenado una vez el juez tiene en su poder un informe ampliatorio de la autopsia del niño en el que se señala que la muerte violenta se produjo entre "una o dos horas después" de comer, según adelanta en su edición de este jueves el diario 'La Voz de Almería'.
Recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de Ana Julia Quezada, quien lo llevó a la finca familia de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas. El informe preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó como causa de la muerte asfixia.
