El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, denunció ayer que las "restricciones presupuestarias dificultan la respuesta de las administraciones" ante los problemas de los ciudadanos y señaló la necesidad de "salir del bucle" en el que la crisis económica metió a los responsables políticos, que son los que deben "priorizar" el gasto.
La falta de dinero se utiliza como una "muletilla", dijo Maeztu, que presentó ante el Parlamento el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz. "Ese discurso lo escucho todos los días, y no puede ser una excusa", dijo. "Existen muchos derechos subjetivos debilitados por la falta de presupuesto o por fallos en la gestión. Y hay que acabar con eso".
Para Maeztu, "el Estado del bienestar debería tener prioridad sobre los criterios económicos". El Defensor del Pueblo Andaluz explicó que, pese a la recuperación económica, que los ciudadanos no llegan a percibir, "aún no hemos vuelto al punto anterior al inicio de la crisis".
Jesús Maeztu admitió que "la protección de los derechos sociales precisa de un importante gasto público". Pero también recordó que cuando la institución analizó los datos de 2015 ya se advirtió de que había derechos que, por los recortes, se han perdido "de manera irreversible". Y que en 2016, lo que se ponía de manifiesto era "el crecimiento de la desigualdad y cómo la brecha entre los que más tienen y los que menos es cada vez más ancha y abierta".
Ahora, al analizar los datos de 2017, el Defensor del Pueblo constata cómo cada vez hay más movilizaciones reclamando los derechos perdidos por la crisis. Y la respuesta siempre es la misma: "No hay dinero".
"Hay que salir de ese bucle", insistió Maeztu. "Se dice que no hay suficiencia presupuestaria y cuando se consigue cierto superávit, resulta que hay limitaciones de gasto", denunció. "Hay que encontrar la manera de que estos derechos esenciales estén blindados y no queden al albur de la coyuntura económica".
20.872 actuaciones en 2017
Por otro lado, 468 personas requirieron cada día en 2017 la intervención del Defensor del Pueblo. 170.872 personas en total. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que preside Jesús Maeztu, cerró el último ejercicio con un total de 20.868 actuaciones.
Entre las actuaciones, el Defensor tramitó 9.815 quejas, atendió 10.378 consultas y realizó 675 actos de promoción de derechos, como informes y estudios. La Educación fue el ámbito que más quejas aglutinó (1.072), seguido de la Vivienda (942), el personal del sector público (907), el medio ambiente (781) y el consumo (717), según los datos recogidos en el Informe Anual.
El servicio de mediación profesional para la resolución de servicios puesto en marcha por la Oficina del Defensor del Pueblo se ha asentado en 2017, con un total de 57 quejas, de las que sólo una fue de oficio, y un grado de resolución del 80%. Es un sistema "que ha permitido a las partes en conflicto sentarse y resolver sus problemas rápidamente", apuntó Jesús Maeztu.
