Los ayuntamientos de Jaén y de Jerez están en situación "crítica", según la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo.
En riesgo "alto" están los ayuntamientos de Algeciras y La Línea de la Concepción, en Cádiz, y de Isla Cristina y Ayamonte, en Huelva; en la categoría de riesgo "moderado" se encuentran los de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Almonte (Huelva); y en riesgo "bajo" está la corporación de Granada.
A nivel nacional, los ayuntamientos de Madrid y Palma de Mallorca tienen un riesgo "alto" de incumplir en 2018 el objetivo de estabilidad mientras que las corporaciones de Barcelona, Bilbao y Valencia se encuentran en riesgo "moderado", según fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La AIReF, que ha presentado hoy el informe sobre los presupuestos iniciales para 2018 de las corporaciones locales, ha explicado que el riesgo de incumplimiento no radica en obtener un saldo negativo sino en las "dificultades para alcanzar el superávit necesario para cumplir con la regla de gasto" y en estas corporaciones la situación es "tan ajustada" que "cualquier mínima variación" supondría un incumplimiento.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid cerró 2017 con un superávit de 1.099 millones pero el objetivo de su Plan Económico Financiero (PEF) para este año es de 1.200, es decir, que la AIReF prevé un incumplimiento de cerca del 20 por ciento.
En el caso de Palma de Mallorca, el objetivo a cumplir es un superávit de 43 millones pero según las previsiones del organismo fiscalizador la corporación no llegará a los 13 millones.
La AIReF ha advertido de que no cumplir con los objetivos marcados en los planes económicos financieros pone en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto.
En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la AIReF ha recordado que la corporación que rige Ada Colau incumplió el objetivo de estabilidad en 2017 y para este año no tiene PEF por lo que se mueve en "una situación muy ajustada".
Y por ello, el riesgo moderado de incumplimiento apreciado en este ayuntamiento por el organismo fiscalizador.
No obstante y con carácter general, la AIReF ha estimado que 21 grandes corporaciones locales prevén alcanzar en 2018 un superávit de 2.179 millones de euros, casi 300 millones más que en 2017.
Además de la evaluación de las 21 grandes entidades locales, este órgano de vigilancia de las previsiones económicas del Estado ha hecho el seguimiento de ayuntamientos más pequeños y ha advertido de que 18 tienen "claros problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo", por manifestar ratios de deuda por encima del 200 por ciento de sus ingresos corrientes.
De esos ayuntamientos, la AIReF ha colocado en situación "crítica" a las corporaciones de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén.
En riesgo "alto" a los ayuntamientos de Algeciras, Gandía, Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte.
Entran en la categoría de riesgo "moderado" los ayuntamientos de Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés de Rabanedo y Almonte, y en riesgo "bajo" se sitúan las corporaciones de Granada y Cuenca.
Pese a esta evaluación, la AIReF considera "factible" que, en conjunto, las corporaciones locales obtengan en 2018 un superávit del PIB del 0,6 por ciento y un nivel de endeudamiento del 2,2 por ciento del PIB, cinco décimas inferior al objetivo fijado para este año.
También prevé un incremento de ingresos y gastos en torno al 2 por ciento y valora que las corporaciones locales mantengan un superávit de forma continuada en el tiempo gracias al "crecimiento estable de unos ingresos con poca vinculación al ciclo económico".
En el informe, la AIReF ha formulado varias recomendaciones entre las que se encuentra la aplicación de "mecanismos correctivos" para las corporaciones locales que no actúen conforme a sus competencias.
Y han pedido que se convoque una comisión de expertos que analice las causas por las que algunos ayuntamientos (como Jaén, Jerez de la Frontera o Parla) han llegado a un "nivel crítico" de riesgo de sostenibilidad.
