El Ministerio de Justicia está procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia Católica y prevé, una vez finalizado, su publicación para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos.
Así lo señala en respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien, en declaraciones a Efe, ha considerado que se trata de "un paso adelante después de muchos años mareando la perdiz por parte del Gobierno de Mariano Rajoy".
El parlamentario socialista ha valorado que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado, ya que el anterior Ejecutivo, en una repuesta al mismo diputado, en noviembre de 2017, le informó de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, "pero nada más".
Hurtado ha incidido en la importancia de que se haga público el listado, porque "es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional", aunque "se concentran más en unas provincias que en otras", lo que el diputado achaca a la mayor o menor "permisividad de los notarios".
Una vez conocidos los bienes inmatriculados, instituciones y particulares que consideren que alguno de ellos es de su propiedad y han sido "indebidamente" registrados por la Iglesia podrán reclamar por la vía judicial, ha señalado.
Hurtado ha considerado que la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP que daba a la Iglesia la potestad de actuar como una institución pública "ha significado una enorme capitalización" de ésta, a espaldas de todos y con una opacidad escandalosa", unida a "una avidez impropia de la Iglesia".
Esa reforma posibilitaba a la Iglesia inmatricular los bienes "sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos" y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la Plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que "está en estos momentos a nombre de la Iglesia".
