El cambio de gobierno en Andalucía es un buen momento para repasar los proyectos de infraestructura pendientes en Jaén y provincia. VIVA JAÉN inicia el repaso con los asuntos del ámbito judicial. La construcción de la Ciudad de la Justicia volvió a ser uno de los argumentos electorales de los principales partidos políticos, un proyecto que en palabras del alcalde de Jaén, Javier Márquez, “lleva dando tumbos desde el año 2005” pese a que es de gran necesidad para acabar con la actual dispersión de sedes judiciales. También el TSJA se refiere en su última memoria al problema que supone la dispersión de órganos judiciales en Jaén por la falta de la Ciudad de la Justicia. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía continuan buscando un nuevo emplazamiento para construir la Ciudad de la Justicia, después de que hace ya casi dos años se desechara el solar asignado inicialmente en Marroquíes Bajos por el valor arqueológico que puso de relieve un documental de National Geography que vinculaba este lugar con la Atlántida. La Junta busca ahora una nueva parcela diáfana que no esté dentro de Marroquíes Bajos y que reduzca sensiblemente el coste del proyecto, estimado en su día en 70 millones de euros. Pero el proyecto carece aún de presupuesto y, hasta ahora, la Junta tan solo consignó 50.000 euros para la redacción del anteproyecto. Con todo, la hasta hoy consejera de Justicia, Rosa Aguilar, destacó en su última visita a Jaén la “buena colaboración” existente en este tema con el Ayuntamiento jienense y, en especial, con su alcalde, Javier Márquez, pese a que éste dijo en su día que el Consistorio no tenía ninguna parcela de su propiedad para la nueva sede judicial.
La construcción de la Ciudad de la Justicia evitaría situaciones como la que se ha dado a espaldas del palacio de la Audiencia Provincial, donde se ha habilitado una carpa como sede provisional del Juzgado de Primera Instancia número 5 y del Registro Civil. Una instalación que la Junta ha señalado que es provisional y que tendrá un periodo de vida de tres meses mientras duran las obras de remodelación en el Juzgado, pero que otros grupos políticos, sindicatos y miembros de la judicatura han tildado de “chapuza” y de instalación “indigna”. La Junta de Andalucía defendió, al hilo de esta polémica, que desde el 2015 ha invertido 804.769 euros en la mejora de los órganos judiciales que hay dentro del Palacio de Justicia de la calle Arquitecto Berges. A ese dinero hay que sumar el gasto en alquileres de sedes judiciales, que supera los 1,2 millones de euros anuales, según el último dato aportado desde la Junta. La Junta tiene actualmente en alquiler una docena órganos judiciales en la capital, entre las que se encuentran la de los Juzgados de Instrucción 1 y 3 y los Juzgados de lo Penal 1, 2 y 3, situados en la avenida Ejército Español, números 7 y 9; los Juzgados de lo Social 1, 2, 3 y 4, en avenida de Madrid, 70; los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1 y 2, así como el Servicio Común de actos de comunicación y ejecución y Decanato, en la calle Arquitecto Berges, 28, y la sede central del Instituto de Medicina Legal en la calle San Antonio, en los números 5 y 7. También se encuentran en arrendamiento en la capital las sedes del Juzgado de lo Penal, 4; Juzgado de Instrucción, 4, y Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 3, todos ellos en la calle Carmelo Torres, 15, el Juzgado de Instrucción, 2, también en el 16 de esta misma calle; los Juzgados de Primera Instancia 1 y 2 y Servicio de Asistencia a Víctimas (SAVA), en Cronista González López, 4; el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en Las Minas, 1; y el Juzgado de Menores y Fiscalía de Menores, ubicado en el número 1 de Obispo Alonso Suárez.
De otro lado, otro asuntos que el Gobierno saliente se deja pendiente es la licitación del concurso para la puesta en marcha de un depósito público judicial. Una infraestructura para la que la Consejería solicitó al Ayuntamiento la cesión de un suelo rústico municipal de 25.000 metros cuadrados al lado del centro de mantenimiento de carreteras de la Consejería de Fomento.
