Un nuevo horizonte se abre para las miles y miles de viviendas en urbanizaciones que se levantan en suelo no urbanizable, para las que se va a iniciar un proceso para regularizar sus condiciones. Esto no significa que, sin más, se legalicen estas construcciones, pero sí que van a poder contar con servicios esenciales como agua y electricidad, lo que mejorará las condiciones de habitabilidad.
Para ello, la Consejería de Fomento trabaja en autorizar el acceso a los propietarios al régimen de Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), “permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad y a los servicios mínimos”. Las coletillas que se ponen a esta afirmación de la propia consejera, Marifrán Carazo, son dos: por un lado, que “cumplan las garantías legales” y, por otro, que “adopten las medidas correctoras precisas para minimizar el impacto ambiental de esas actuaciones”.
En otras palabras, lo que se pretende es empezar a dar con las urbanizaciones los mismos pasos que, hace unos años, permitió regularizar las edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Aquello fue en 2015, cuando una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) dio a los ayuntamientos más competencias legales para incluir en su planeamiento urbanístico estas viviendas.
Urbanizaciones
Una vez que se hizo con las construcciones aisladas, el objetivo ahora son las urbanizaciones ilegales que, según se apunta desde Fomento, habían quedado en un “limbo”. La intención es “crear un registro de viviendas irregulares para darles unos requisitos mínimos”, básicamente agua, luz y acceso a la red de saneamiento.
La iniciativa entronca con lo aprobado hace casi un año en el Consejo de Gobierno de la Junta, que respaldó una proposición de ley para garantizar el acceso provisional a los servicios básicos en viviendas de primera residencia situadas en asentamientos con ordenación pero sin proyecto de urbanización, en tanto éste se ejecutaba. Un mes después, los grupos parlamentarios validaban por unanimidad la proposición de ley, que corregía otra modificación (de 2016) de la LOUA pero que al final no llegó a ningún lado porque precisaba de otros cambios urbanísticos que no se culminaron en la anterior legislatura.
Así que la intención ahora es que estas urbanizaciones salgan del limbo para bajar a la tierra, pero otra cosa es situarlas en el mapa. Porque una de las cuestiones básicas es que no se sabe a ciencia cierta de cuántos casos se puede estar hablando. Un informe del Defensor del Pueblo, ya desfasado, registraba en 2000 la existencia de 1.732 urbanizaciones ilegales. Las cifras que se han barajado en los últimos años apuntan a unas 250.000 viviendas irregulares, aunque no hay un censo oficial.
300 PGOU atascados
Las “medidas paliativas” anunciadas por Fomento para regularizar la situación de las viviendas ubicadas en urbanizaciones buscan “dar soluciones” pensando “en sus usuarios, en las condiciones de salubridad y seguridad de las edificaciones y en el medio ambiente”. Pero para ello es fundamental otra cuestión: agilizar los planeamientos urbanísticos de los municipios que tienen que regularizar estos complejos residenciales ilegales.
Desde Fomento se resalta que “se van a activar medidas urgentes que palíen la situación actual”, y es que en estos momentos hay unos 300 planes generales de ordenación urbana atascados. La media para esta tramitación es de casi ocho años, aunque se dan casos como el de Macharaviaya, en Málaga, que ha tardado 18 años en desatascar sus normas urbanísticas, y es que un documento de este tipo puede llegar a estar sometido a más de 100 peticiones de informes sectoriales.
Así que lo primero es simplificar los trámites urbanísticos. Para ello, y mientras se cambia la LOUA, se va a habilitar una web en la que, para agilizar el proceso, se detalle la documentación que tienen que entregar los ayuntamientos.
