La guinda del PGOU

Ya es firme, Jaén se queda sin PGOU. Ha tardado unos meses, pero se ha cumplido lo previsto y el Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el documento que debe regir el diseño de la ciudad, su crecimiento y reforma interior.

Nos la presentan como una mala noticia, pero lo sensato sería tomarlo como una oportunidad, no solo para que la Junta de Andalucía haga su trabajo y adecúe su normativa a las directivas europeas, sino para realizar de una vez por todas un documento de consenso en vez de enredarnos otra vez en un debate partidista sobre asuntos que deberían someterse a criterios sobre todo técnicos y no políticos. Muchas han sido las propuestas que han partido de innumerables mesas redondas, conferencias y encuentros con especialistas. Reuniones propuestas desde diferentes instituciones que en pocas ocasiones han contado con presencia política. La ciudad ha propuesto, pero sus políticos pocas veces han escuchado. Algunos nunca.

Recordemos que el gobierno local presidido por Javier Márquez se ha negado sistemáticamente a recibir y escuchar las propuestas de arquitectos, aparejadores y constructores. No para de decirlo el decano del Colegio de Arquitectos siempre que tiene ocasión, que están deseando reunirse con el alcalde para aportar soluciones y propuestas; para mejorar cuestiones como la eterna tramitación de licencias y ponerse al servicio de cualquier necesidad de planificación y diseño; pero el silencio e incluso el desprecio han sido la respuesta hasta la fecha.

Se sabía el final de esta historia y no se ha actuado, se lleva avisando de la gravedad que supone tener que retroceder a un plan urbanístico de 1996, teniendo en cuenta el cambio tan enorme que se ha producido en Jaén en los últimos 25 años. Pero sobre todo de los enormes inconvenientes que tiene para el desarrollo económico y social de Jaén tan mala gestión política.

Y es que se acaba una legislatura perdida para el urbanismo de Jaén, la de los enormes retrasos en las licencias; la del incumplimiento de la redacción de nuevo PEPRI; la que desarticuló las competencias políticas de la concejalía en varios concejales; y la que dio vía libre a la concejalía de Mantenimiento Urbano para que se dedicase a alterar el urbanismo del Conjunto Histórico sin criterio ni gusto alguno. Llegados a este punto, la anulación del PGOU simplemente pone la guinda al desastre.