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Sábado 18/05/2024  

Andalucía

Valderas no descarta que IULV-CA acuda a los tribunales si el Gobierno no liquida la 'deuda histórica' en metálico

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, advirtió hoy de que su formación no descarta acudir a los tribunales si los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una vez aprobados en el Congreso, no recogen el pago en metálico de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, conocida como 'deuda histórica'.

En declaraciones a Europa Press, Valderas dijo que IULV-CA se reserva el derecho de presentar un recurso administrativo o incluso de inconstitucionalidad contra las cuentas del Estado. No obstante, indicó que durante el trámite parlamentario de los PGE su formación presentará enmiendas para que el cobro se realice en euros "contantes y sonantes" y nunca mediante la cesión de la propiedad de bienes y derechos de titularidad estatal.

En esta línea, el coordinador general de IULV-CA indicó que, si el Gobierno de la Nación liquida la 'deuda histórica' en especie, se estará cometiendo también un "claro incumplimiento" de la fecha fijada como tope para efectuar el pago, el 20 de marzo de 2010. "No se garantizará la liquidación de la misma en esa fecha, sino la cesión de unas propiedades como aval del montante", indicó.

Al hilo de ello, Valderas consideró que el hecho de que el Gobierno central haya reconocido que el pago puede efectuarse mediante la cesión de propiedades supone el anuncio de una "nueva traición" a los intereses de Andalucía y del incumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Por último, dijo esperar que el Gobierno andaluz no acepte ningún pago que no sea en metálico, "ni se deje llevar por cantos de sirena que provengan del Gobierno central, un ejecutivo moroso con Andalucía".

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 recoge que la liquidación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, conocida como 'deuda histórica', podrá efectuarse mediante la cesión de "la propiedad de bienes y derechos de titularidad estatal" que Junta y Estado acuerden en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.



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