La candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia electoral de izquierdas Adelante, Susana Serrano, ha ratificado el compromiso de su formación por un uso público y social para la antigua comisaría de Policía de la Gavidia, ahora sometida a una recalificación para que acoja usos terciarios y sea explotada por una empresa, prometiendo además la exhumación de las personas enterradas en las fosas comunes y acabar con los símbolos franquistas que aún perviven en la ciudad.
Acompañada de otras integrantes de la candidatura, como Eva Oliva y Paqui Maqueda, Serrano ha dicho que, mientras PP y PSOE quieren convertir este la antigua comisaría "en un centro comercial o en un hotel, Adelante Sevilla es la única candidatura que apuesta firmemente por garantizar un uso público y social a este histórico inmueble, como pide el vecindario, y por albergar en su interior un Lugar de Memoria Democrático digno, como reclaman diferentes asociaciones memorialistas, colectivos sociales y sindicatos".
Y es que, como señala Eva Oliva, "la confluencia es la única garantía de que en Sevilla se impulsen las medidas necesarias para reparar a las víctimas del franquismo y a sus familias". Así, la número 4 de la coalición de izquierdas ha subrayado el compromiso de Adelante de "acelerar al máximo" el proceso de exhumación y dignificación de las fosas comunes del cementerio de San Fernando, donde yacen los restos de más de 4.500 personas asesinadas o represaliadas por el régimen franquista.
"En esas fosas están las personas que lucharon por la democracia y la libertad. En cualquier país realmente democrático serían considerados héroes y homenajeados con honores de Estado, pero aquí todavía sus familiares siguen buscando sus restos. Es una vergüenza que 82 años después del golpe de estado fascista contra el Gobierno legítimo de la II República, sus víctimas continúen sepultadas y olvidadas", ha denunciado Oliva, toda vez que ya han comenzado y en algunos casos acabado los trabajos iniciales de investigación de las fosas comunes del cementerio municipal, pero sigue pendiente el proyecto de exhumación de los cadáveres.
Del mismo modo, la confluencia promovida por Podemos, Izquierda Unida, Equo, Participa Sevilla, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa propone la creación de un Instituto Municipal de la Memoria Democrática, para que estos temas tengan la suficiente relevancia dentro del gobierno local.
En este sentido, Adelante Sevilla también plantea dotar de más medios la actual Oficina de la Memoria. Y es que, como ha recordado Paqui Maqueda, "hasta ahora la falta de presupuesto y personal ha hecho que no sea un instrumento realmente útil para los familiares y que las actuaciones se dilaten mucho en el tiempo para desesperación de quienes llevan años peleando por encontrar a sus seres queridos".
Esta activista de la memoria democrática, que ocupa el puesto número 8 de la coalición de izquierdas, ha hecho hincapié en la importancia de "seguir trabajando para localizar a los miles de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo". Y como para evitar que la historia se repita hace falta no olvidar el pasado, el programa de Adelante Sevilla contempla la creación de un centro de documentación en la antigua cárcel de la Ranilla, donde fueron torturados y encarcelados tantos presos de la dictadura.
"Sevilla debe cumplir no solo con los familiares, también con la legalidad. Por eso, la confluencia acabará con todos los restos franquistas que aún perviven en la capital hispalense. Y es que, a pesar de la prórroga de un año que concedió la ley andaluza, el gobierno de Juan Espadas no ha eliminado aún toda la simbología de las calles y los edificios públicos".
Finalmente, desde Adelante Sevilla garantizan que el general golpista Queipo de Llano "no permanecerá enterrado con honores en la Basílica de la Macarena", pues "a nosotros no nos van a temblar las piernas como a otros a la hora de reclamar que se cumpla la ley", toda vez que el pleno municipal reclamó en 2016 que la basílica de la Macarena dejase de acoger la tumba del militar, la Junta de Andalucía comenzó a aplicar la Ley autonómica de Memoria Histórica ordenando una comisión sobre el asunto y la hermandad aún no ha anunciado ninguna decisión.
