El fiscal del caso de Lucía Garrido, cuyo cadáver fue hallado el 30 de abril del 2008 en la piscina de su vivienda de Alhaurín de la Torre (Málaga), ha asegurado este miércoles que se trató de un crimen "premeditado y cobarde".
En las primeras declaraciones del juicio por esta causa con cuatro acusados -el exmarido de la víctima, dos guardias civiles y el presunto autor material de la muerte-, el ministerio público ha señalado en su alegato que los supuestos implicados convirtieron el lugar del asesinato en "una ratonera" para que la víctima no tuviese escapatoria.
Las acusaciones particulares -ejercidas por la madre, la hija y la hermana de la víctima- culpan a los cuatro reos, aunque el fiscal no acusa a uno de los guardias civiles ni a la expareja de Lucía Garrido por considerar que no hay "una prueba sólida", pero sin embargo respecto a este último precisa que no cree que sea inocente.
De hecho, el ministerio público ha sostenido que se podría acreditar su colaboración en la ejecución del crimen y que "posiblemente" al final de la vista se le acusará de ser cómplice del delito de asesinato.
Según la Fiscalía, la situación inestable de la víctima originó que los presuntos implicados no se fiaran de ella por el miedo a que ésta hablara de las diversas actividades supuestamente ilícitas que estarían cometiendo algunos de ellos y que eso fue "el auténtico móvil" para acabar con su vida.
Durante la declaración de las partes, uno de los abogados de la acusación particular ha comparado la muerte de Lucía Garrido -encontrada con golpes en la cabeza y un corte en el cuello- con un asesinato de película y ha asegurado que se trata de uno de esos casos "que ponen los pelos de punta".
En su intervención, el abogado del supuesto autor material ha defendido la inocencia de su representado al alegar que "no conocía al resto de los acusados" y que no tiene relación alguna con los hechos.
"Está en libertad porque hay una duda razonable que impedía que siguiera en prisión", ha explicado el letrado, que ha cuestionado la prueba de ADN que se realizó a una llave aparecida meses después del asesinato en la finca donde Lucía Garrido fue hallada muerta.
La defensa del exmarido, al que la acusación particular señala como autor intelectual del crimen, ha rechazado las acusaciones que le relacionan con el tráfico de drogas y el impago de la pensión a la víctima y ha dicho que Lucía Garrido guardaba en su casa 48.000 euros.
"Con ese dinero no se muere nadie de hambre", ha insistido el abogado en relación a la posibilidad de que no tuviera una buena situación económica.
