El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla Lorenzo López ha reclamado este viernes la puesta en marcha de "un plan de protección contra las agresiones a empleados públicos", dando así cumplimiento a un acuerdo de pleno del año 2017 que acumula ya "más de dos años de retraso por parte del gobierno municipal".
En este sentido, y tras condenar la agresión sufrida hace unos días por uno de los trabajadores de Lipasam en Cerro-Amate, ha añadido que "tanto estos empleados como el resto de la plantilla municipal carecen del protocolo necesario para actuar ante este tipo de situaciones" que "ponen en riesgo tanto su integridad física como la correcta prestación de los servicios por parte de estos profesionales".
López ha recordado que este hecho representa "solo un ejemplo más de las situaciones de tensión e incidentes sufridos por los empleados municipales en el desempeño de su trabajo". De hecho, "desde el año 2013, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla lleva elaborando un protocolo de actuación contra la violencia laboral", refrendado por el pleno en 2017, "del que por ahora nada se sabe".
Así, ha lamentado que "transcurrido este tiempo, más que suficiente para redactarlo, los empleados municipales no sepan nada sobre el mismo", en "un ejemplo más de la desidia del gobierno municipal a la hora de cumplir con sus obligaciones", ha indicado.
El concejal de la formación naranja ha advertido de que "el incumplimiento de este acuerdo" por parte del Ayuntamiento motivó que "en junio de este año, los sindicatos solicitaran las medidas necesarias para poner en marcha, lo antes posible, este procedimiento de seguridad". Sin embargo, y a pesar de que ya han transcurrido casi tres años, "el alcalde sigue dando la espalda a los empleados municipales" en "una consecuencia más del desgobierno que caracteriza su gestión" o "simplemente porque no ha tenido interés o ha preferido pasar de largo sobre este asunto", ha señalado.
Por ello, López ha anunciado que Cs elevará una pregunta al gobierno en la próxima Comisión de Fiscalización para conocer "cuáles son los motivos del injustificado retraso" del protocolo de actuación contra la violencia laboral, que "está poniendo en riesgo la prestación de los servicios públicos" por parte de una plantilla que "merece desempeñar su trabajo con la máxima garantía de seguridad", ha concluido.
