La Guardia Civil ha efectuado en 2019 un total de 4.132 actuaciones en defensa de la naturaleza, la ordenación del territorio y el patrimonio histórico, sobre todo a través de sus unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Según detalla en una nota de prensa la Benemérita, estas actuaciones se han centrado en proteger el soporte físico natural: suelo, agua y atmósfera; las especies vivas que pueblan aquel soporte; prevenir la contaminación del medio natural a través de la vigilancia y control de las actividades potencialmente degradantes y de la verificación de los niveles de contaminación; vfomentar conductas de respeto a la naturaleza y al medio ambiente; denunciar las infracciones descubiertas ante las autoridades competentes; y efectuar las averiguaciones necesarias encaminadas al esclarecimiento de los ilícitos penales y administrativos relacionados con esta materia y al descubrimiento de sus autores.
Como desglose cualitativo de las más de 4.000 actuaciones llevadas a cabo, destacan que 2.369 fueron denuncias administrativas, 931 correspondieron a inspecciones administrativas, 832 a controles y verificaciones de actividades, 57 a delitos medioambientales y que 65 personas fueron detenidas o investigadas.
En cuanto a englobar las actuaciones en las áreas que trabaja el Seprona, un año más se sitúa la legislación que regula la gestión de los residuos como la más vulnerada. En concreto, se formularon un total de 458 denuncias administrativas, donde los preceptos más infringidos fueron la producción de residuos sin autorización, el abandono o vertido incontrolado y el transporte de residuos, sobre todo lo que respecta a los metálicos (chatarra) sin contar con autorización de la administración competente en la materia.
En segundo lugar, el trabajo de las unidades implicadas se ha orientado a la prevención de irregularidades en materia de fauna. Actividades como la caza, la pesca continental y la captura de especies protegidas han sido las que más han acaparado la actividad de las patrullas. A este respecto se han formulado 762 denuncias administrativas. De entre los preceptos infringidos, destacan los episodios de furtivismo sobre piezas de caza mayor, la caza y la pesca sin contar con licencias administrativas o seguros de responsabilidad civil y la captura ilegal de aves fringílidas protegidas o no.
Como tercer bloque, los animales domésticos y ganadería, cuya legislación administrativa que regula la tenencia de los mismos, ha sido aplicada en 268 ocasiones. De entre ellas, destacan la carencia de microchips y de licencias o seguros, fundamentalmente en lo que a perros potencialmente peligrosos se refiere. En cuanto a la sanidad animal, destaca el transporte de ganado sin cumplir con los requisitos establecidos sobre autorizaciones y bienestar animal o el mantenimiento de animales sin condiciones sanitarias mínimas, que han sido otras situaciones descubiertas por los agentes y denunciadas a la Administración autonómica competente.
Finalmente, en lo que respecta a otras áreas legislativas, cabe destacar que se formularon 138 denuncias en tareas de prevención de incendios forestales, 111 en materia de aguas continentales, 58 respecto a actividades urbanística sin contar con las preceptivas licencias y 11 en materia de protección del Patrimonio Histórico.
En materia penal, se instruyeron 57 atestados por la comisión de otros tantos delitos contra el medio ambiente y relacionados, dando como resultado la detención de 65 personas. Los delitos más comunes fueron los delitos de incendio forestal, los de maltrato de animales domésticos; y los cometidos contra la protección de la flora y la fauna (furtivismo y captura de aves insectívoras).
LABOR PREVENTIVA
En cuanto a la labor preventiva, durante el ejercicio pasado se llevaron a cabo un total de 1.641 inspecciones administrativas, 1.103 verificaciones de actividades íntimamente relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente; entre ellas destacaron las actividades cinegéticas, de pesca o las instalaciones de gestión de residuos y 832 identificaciones de personas y vehículos.
Como consecuencia de la puesta en práctica de los procedimientos operativos de servicio para cumplir la misión de protección de la naturaleza y el medio ambiente, y fruto de toda la actividad antes reseñada, las unidades intervienes procedieron a intervenir numerosos objetos destinados para la caza y/o captura de animales al haber sido empleados para la comisión de las distintas infracciones administrativas y penales, entre los que destacan trampas, costillas (cepos de pequeño tamaño para la captura de aves insectívoras), los cepos y lazos para conejos; y redes abatibles y japonesas para la captura de aves. Además, se intervinieron diversas armas de fuego ocupadas a sus poseedores, entre rifles, escopetas y carabinas, destinadas principalmente cometer episodios de furtivismo.
En cuanto a los especímenes intervenidos con ocasión de vulneración de la normativa, se decomisaron aves fringílidas, zorzales, palomas, jabalíes y ciervos. Por último, dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), operativo de naturaleza conjunta con inspectores de la Delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible destinado a detectar y erradicar el transporte y venta de pescado sin talla reglamentaria, en 2019 se incautaron más de 350 kilogramos, principalmente de las especies merluza y bacaladilla.
Por último, las unidades de la comandancia de Córdoba han recuperado un considerable número de especímenes amenazados que fueron entregadas al centro de recuperación de especies amenazadas, dependiente de la Consejería, para su posterior reintroducción en el medio. Fundamentalmente fueron aves rapaces, como búhos, milanos, buitres, cernícalos o águilas.
Entre las actuaciones realizadas por el Seprona de la Guardia Civil de Córdoba, resaltan la denuncia a dos sociedades de cazadores por la suelta de perdices sin autorización, en dos cotos de la zona sureste de la provincia; la investigación por daños y expolio en el patrimonio geológico del yacimiento paleontológico La cañada el hornillo, que se encuentra en el término municipal de Carcabuey, dentro del Geoparque Mundial Unesco Sierras Subbéticas; el desmantelamiento de un núcleo zoológico en Iznájar y la investigación de tres personas como supuestas autoras de un delito de maltrato animal.
