La Unión Europea activó este lunes por primera vez en su historia la “cláusula de salvaguarda” de las reglas fiscales comunitarias, que permitirá a los países incumplir sus objetivos de déficit y deuda temporalmente para poder elevar el gasto frente a la pandemia de coronavirus.
La activación de la cláusula supone que los países podrán desviarse del ajuste exigido este año, que para España consistía en reducir su déficit estructural en un 0,65 % de su PIB (unos 7.800 millones de euros) en 2020.
El uso de esta claúsula “garantizará la necesaria flexibilidad para tomar todas las medidas necesarias” para apoyar a los sistemas sanitarios y a la economía, “incluyendo a través de más estímulos discrecionales y acción coordinada”, que será diseñada como sea apropiado para llegar a tiempo y ser “temporal y específica”, exponen desde la UE.
La noticia ha sido acogida con enorme optimismo en Jerez, ya que, según fuentes municipales a las que ha tenido acceso este periódico, la repercusión de la decisión adoptada ayer en Bruselas afecta directamente a los propios ayuntamientos, para los que ahora se abre la puerta a que el Gobierno central, mediante la publicación de un Real Decreto, pueda suspender durante este año las medidas recogidas en el plan de ajuste, tal y como el propio Ayuntamiento de Jerez ya trasladó la semana pasada a la ministra de Hacienda.
En dicha carta, la alcaldesa, Mamen Sánchez, solicitaba medidas “que den oxígeno financiero al consistorio para poner en marcha medidas útiles a los principales sectores” socio económicos de la ciudad. Entre dichas medidas se apuntaba a la suspensión temporal del Plan de Ajuste para el ejercicio de 2020, así como otro tipo de medidas de flexibilización fiscal, entre ellas, que permitiera una moratoria en las recaudaciones municipales, ofreciendo una línea de préstamos sin interés para compensar la pérdida de ingresos municipales durante la citada moratoria.
También se solicitó la modificación del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, estableciendo reducciones en las tarifas y/o tipos impositivos de los Impuestos Municipales cuyos sujetos pasivos sean las empresas y, también, las personas que como consecuencia de la situación actual hayan perdido el empleo, así como una correlativa compensación a los Ayuntamientos para evitar la pérdida de ingresos.
En el escrito se planteó asimismo la aprobación de la creación de un fondo de pago a proveedores que permitiese un alivio en la liquidez de la tesorería municipal.
