La excavación culmina la batalla administrativa pero no garantiza que acabe el misterio sobre Lorca

El inicio hoy de la excavación de las fosas de Alfacar (Granada) que podrían albergar los restos de Federico García Lorca culminará seis años de laberinto administrativo pero no garantiza que se desvele el misterio sobre el paradero del poeta, uno de los símbolos de la represión franquista.

Todo el proceso para la localización y apertura de la fosa en la que supuestamente yace el poeta comenzó en septiembre de 2003, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH), en nombre de los familiares del maestro republicano Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, dos de los fusilados junto a él, pidió autorización para buscar sus restos.

Desde entonces se ha sucedido un laberinto judicial y administrativo en el que se cruzó la aprobación, en diciembre de 2007, de la Ley de la Memoria Histórica, que ampara la actuación promovida por la Junta de Andalucía de acometer las exhumaciones.

A la vía administrativa recurrió la asociación después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazara el pasado abril asumir la causa de la exhumación al no aceptar la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, lo que planteó un problema de competencias sobre el que debe pronunciarse el Supremo.

Previamente, Garzón se había declarado competente para investigar las desapariciones sobre la Guerra Civil y el franquismo, para lo que autorizó exhumaciones en 19 fosas localizadas en España, entre ellas la de Alfacar porque así lo habían pedido familiares de dos de los fusilados junto a Lorca, si bien decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales ante la oposición de la Fiscalía.

El inicio hoy de la excavación de las fosas, 73 años después del fusilamiento del poeta, pondrá fin a seis años de laberinto administrativo y embrollos judiciales, pero no necesariamente a las especulaciones sobre el paradero del autor de "Bodas de sangre".

Y ello porque sus herederos, contrarios desde un principio a la exhumación, no han solicitado la búsqueda de sus restos a la Junta de Andalucía, que sólo identificará a los fusilados cuyas familias lo hayan pedido, lo que excluye al poeta granadino.

Se trata del banderillero Francisco Galadí, el inspector Fermín Roldán, el restaurador Miguel Cobo y el también banderillero Joaquín Arcollas, cuya petición ha sido cursada por la CGT -en el caso de Galindo, discrepancias en la familia han llevado a la Junta a no cursar finalmente su búsqueda e identificación-.

En cualquier caso, los familiares de Lorca se han reservado el derecho a identificar los restos genéticamente, por lo que no han descartado esa posibilidad aunque se desconoce si, llegado el caso, lo harían público, lo que permitiría conocer si el poeta estaba enterrado en la fosa común en cuestión, frente a las teorías de los que sostienen que el cuerpo fue retirado del lugar a petición de la familia pocos días después de su muerte.

Lorca fue fusilado la madrugada del 18 de agosto de 1936 tras su detención en la casa del poeta Luis Rosales, y este crimen ayudó a agrandar la popularidad internacional del artista granadino.