El derecho a odiar llegó hace mucho tiempo a España. La coyuntura histórica de la guerra civil ha permeabilizado insistentemente, desde su finalización en 1939,la opinión política y la construcción social en nuestro país. Pero la bolsonarización reciente de una parte de la opinión y del discurso de algunos dirigentes políticos españoles se dirigió en un primer momento a la estigmatización de la inmigración, fundamentalmente la africana. El odio a los que llegaban en patera, la islamofobia como bandera o el trato compasivo hacia los pobres, como si serlo fuera una condición vital y no una circunstancia.El autoritarismo político trabaja muy bien el etiquetaje de las personas y de las ideas. La “inmigración controlada”, “los comunistas”, los “patriotas”, los “golpistas”son fórmulas del lenguaje usadas para simplificar el mensaje político y para diferenciar mediante conjuntos a unos de otros, a los que son nuestros de los que son de ellos.
Los odiadores no son exclusivos de una ideología, los hay de derechas y los hay de izquierdas, pero la reciente sobreexplotación del odio en el lenguaje político parece el despliegue del mismo ejército de siempre. Por eso, la idea de que las sociedades avanzan siempre a mejor me deviene en enigmática en estos tiempos del coronavirus. Existe una especie de tormento muy español que se fundamenta en que existe un derecho a la libertad de expresión que no puede ser limitado por nada, ni por nadie, so pena de ser tachado de franquista, de leninista o de anticonstitucional, depende del balcón desde donde nos escuchen.
Nuestros derechos y libertades no solo son recientes, sino que nacieron de un suerte de big bang constitucionalista que los lanzó tan lejos del autoritarismo como se pudo. De manera que de esta paradoja resulta que ninguna opinión, por falsa, hiriente u ofensiva que sea puede ser limitada. Y en este enredo constitucional hemos visto como se despreciaba a las víctimas de ETA bajo el paraguas de la Constitución, como se ha elogiado y celebrado a los que fusilaron impunemente en tapias o cunetas o como se difama a los representantes de los poderes constitucionales, incluida la Jefatura del Estado, bajo el pretexto de la libertad de opinión.
Parece claro que nada ni nadie puede limitar la expresión de la opinión política, ni siquiera la de la opinión sin más, porque las opiniones son inatacables, pero no existe un derecho a odiar, ni un derecho a mentir, porque no hay, ni existió nunca, un derecho a informar de lo que no es verdad.
La doctrina del Tribunal Constitucional solo protege lo veraz, no puede amparar la difusión de bulos a sabiendas de que lo son con ánimo de dañar conscientemente o perjudicar a alguien. Debería estar prohibido odiar, porque el odio deviene siempre en graves enfrentamientos si no en autoritarismo y en imposición de ideas y pensamientos por parte de los que consiguen imponerse. El odio mató a Malcolm X, a Gandhi, a Kennedy y a 191 españoles el 11M.
Ni los unos ni los otros merecemos estar en manos de odiadores. Fomentar el odio en cualquiera de sus expresiones ya sea racial, religiosa o política solo puede incitar a la discriminación, hacia la hostilidad o en el peor de los casos a la violencia. En palabras de Plutarco, el odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. No lo permitamos.
