La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha sido condenada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a diez años de inhabilitación por presuntamente prevaricar tras colocar a dedo a su marido en el Ayuntamiento marbellí.
El juicio se ha celebrado hoy en la Audiencia de Málaga y durante la vista oral la exalcaldesa y los otros dos procesados, el marido y el gerente de la sociedad municipal de Gerencia de Obras y Servicios de Marbella, se han conformado con los hechos y con la petición fiscal, tras el acuerdo alcanzado entre las partes.
El ministerio público solicitaba, en sus conclusiones provisionales, una pena de cinco años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de ellos así como que devolvieran al consistorio los 37.146 euros de los que presuntamente se habían apropiado ilegalmente.
Finalmente la acusación pública ha retirado la pena de cárcel, la multa y la responsabilidad civil y solo ha pedido diez años de inhabilitación para cada uno de ellos.
El fiscal considera probado que la exregidora y el gerente son autores de un delito de prevaricación y el marido cooperador.
El ministerio público ha mantenido que la acusada designó verbalmente a su esposo como coordinador general de hacienda del Ayuntamiento, "sin ajustarse a procedimiento legal alguno" y que dicho nombramiento no fue autorizado por la comisión de Gobierno del consistorio y se hizo sin darle cuenta al pleno y sin decretarse decreto alguno.
El gerente de la sociedad municipal cumplió la orden verbal emitida por la alcaldesa y en julio de 2003 concertó contrato de trabajo con el marido de Yagüe "a pesar de conocer el incumplimiento de los requisitos legales por todos los acusados".
El sueldo neto medio mensual era de 3.194 euros aunque en agosto del siguiente año la entonces alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que le incrementara el salario a 4.808 euros, aumento que se hizo a petición del marido.
El incremento salarial se acordó sin ajustarse a procedimiento legal alguno, sin el conocimiento ni consentimiento de la junta de gobierno local ni del pleno y sin ajustarse a convenios colectivos vigentes, destaca el fiscal.
