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Jueves 30/05/2024  
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Cádiz

La precariedad investigadora se acentúa con la pandemia

El grupo FPI/FPU del Plan Propio de la Universidad de Cádiz lamenta que, a diferencia de otras universidades andaluzas, la gaditana no pueda afrontar prórrogas

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  • Investigadores de la Universidad de Cádiz en una imagen de archivo. -

Archivos y bibliotecas clausurados. Laboratorios a cal y canto. Congresos, seminarios y cursos suspendidos. Imposibilidad de realizar estancias en otros países por la limitación de movilidad. Son algunas de las situaciones con las que han tenido que lidiar durante los meses más duros de la pandemia los investigadores predoctorales de la universidad. 

Para intentar compensar el retraso que supuso el parón del confinamiento en la actividad investigadora, el Ministerio de Ciencia y Universidades aprobó el pasado mes de marzo una prórroga de cinco meses para los contratos de Formación de Profesorado Universitario y Formación de Personal Investigador (los FPU y FPI) del propio Ministerio.

Sin embargo para el grupo FPI/FPU del Plan Propio de la Universidad de Cádiz no ha corrido la misma suerte. Y es que la UCA no puede afrontar estas prórrogas por falta de presupuesto. “Esto para nosotros supone una desventaja muy grande”, argumentan estos investigadores, ya que tienen las mismas condiciones laborales que otros compañeros que pertenecen a los contratos del ministerio, “pero ellos van a beneficiarse de la prórroga y nosotros no”. Señalan que incluso se produce un agravio comparativo con respecto a otras universidades andaluzas que sí que van a asumirlo de alguna forma.

“Somos conscientes de los problemas presupuestarios que actualmente tiene la universidad,  —sobre todo después de ese recorte tan brutal que ha hecho la Junta de Andalucía de 135 millones menos para las universidades andaluzas—, y también sabemos que la UCA no tiene la obligación de llevar a cabo esas prorrogas del Plan Propio, pero esa decisión nos afecta muchísimo, sobre todo en el transcurso de las investigaciones, y más en este contexto de pandemia”, explican.

Cabe recordar que hace justo un año el gobierno andaluz, en el marco de la pandemia, anunció un recorte de 135 millones a las 10 universidades de Andalucía, unos fondos que representan casi el 10% de los 1.430 millones que recibieron los campus el pasado año de los presupuestos autonómicos. La Junta decidió detraer esa cantidad del remanente de las universidades públicas para destinarlos al Fondo Social Extraordinario de 700 millones aprovisionado por la Junta para afrontar los gastos derivados de la crisis sociosanitaria causada por el Covid-19.

El grupo FPI/FPU del Plan Propio UCA reivindica en contra de “la precariedad endémica de los investigadores, a nivel general, y nuestra situación de desventaja con respecto a otros doctorandos, en particular”. Y es que no es la primera batalla que tienen que lidiar, sino que acumulan muchas a sus espaldas.

Este grupo de investigadores está formado por aproximadamente treinta personas de diferentes áreas. Su preocupación va más allá, ya que reconocen que tampoco saben si con este recorte de presupuesto van a peligrar las ayudas del Plan Propio destinadas a estancias, congresos y demás actividades formativas. “Llevamos muchos meses sin tener noticias de si ese Plan de ayudas va a salir adelante, y de él no sólo depende la actividad de este año sino incluso nuestro futuro de alguna manera”, apuntan.

“Al final hemos acumulado los problemas traídos por la pandemia y los problemas provocados por los recortes, a lo que tenemos que sumar la incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando terminemos nuestras tesis a pesar de todos los obstáculos”. No hay que olvidar la carga docente que asumen estos predoctorales, en algunas ocasiones más de la que deberían. El constante cambio de decisiones o la improvisación incluso a la hora de desarrollar las clases) de manera presencial u online) se traduce en horas que se restan a la investigación. “Todo eso produce un desgaste de energía y anímico”, exponen.

La Universidad de Cádiz ha calculado que el coste de la prórroga de cinco meses para este grupo de 30 personas ascendería a 400.000 euros, un presupuesto del que no disponen y, en el caso de asumirlo, incurriría en que no podrían hacer convocatorias futuras para nuevos investigadores. 

“Entendemos las dificultades presupuestarias, pero deben tenernos en cuenta porque muchos departamentos, sin los predoctorales y su labor investigadora, se hundirían; creemos que somos el futuro y de alguna manera quienes damos valor a la propia universidad”.

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