El informe 'Carrera por la desigualdad', elaborado por la red de entidades españolas que trabajan con juventud en riesgo de exclusión social Jóvenes e Inclusión, advierte de que “la pobreza no solo conlleva un peor alimentación y una mala salud física y psicológica”, sino que también “priva a los niños, niñas y jóvenes de referentes y de experiencias enriquecedoras y les convierte en un blanco fácil del fracaso escolar y de la exclusión”.
Francisco Lupiáñez, presidente de Inserta Andalucía, organización colaboradora, explica que el 92,4% de los menores de 16 años que son atendidos por las asociaciones colaboradoras en diez comunidades autónomas ha repetido algún curso y el 16,2% no ha terminado todavía Primaria. Estos datos contrastan con las cifras referidas a la población general, que indican que casi el 70% del alumnado se encuentra en el curso que le corresponde.
En muchos casos, “estos niños y niñas pertenecen a familias desestructuradas que se ven obligados a cambiar de domicilio o de centro con frecuencia”, añade. “La inestabilidad es una mochila que pesa lo suficiente como para lastrar la carrera educativa”, sostiene, hasta el punto de que la práctica totalidad de quienes repitieron se vieron obligados a mudarse en alguna ocasión o tuvieron que matricularse en otro colegio.
“El riesgo de abandono es muy alto”, remarca Lupiáñez, quien subraya que, además, el 76,9% de ellos no reciben becas. La pandemia ha agravado aún más esa situación de desigualdad. “No disponer de apoyos o de material necesario en casa o partir de una base peor hace más injusta la comparación entre el alumnado”, reflexiona.
En cualquier caso, “el derecho a la educación no está promoviendo y garantizando su papel de ascensor social y la brecha social se ahonda”. De los 4.886 jóvenes en riesgo de exclusión que participan en los programas de inserción laboral de la red de entidades a nivel nacional, solo uno de cada 100 tiene estudios universitarios. En 2020, solo el 9,5% del total consiguió un trabajo, pero la duración media de los contratos fue de dos meses y 25 días.
“Es necesario un gran pacto de Estado, que nuestras fuerzas políticas no son capaces de abordar, pero también son imprescindibles programas basados en equidad dirigidos a niños, niñas y jóvenes en exclusión, una revisión de los criterios de concesión de becas, la autonomía de los centros para promover y llevar a cabo experiencias de innovación, la formación del profesorado y la especialización de equipos directivos de los centros educativos”, propone. Pero también considera que es preciso actuar en el caso concreto de los menores tutelados y extranjeros no acompañados. “Las cifras del fracaso escolar son aún peores entre estos dos colectivos”.
En el caso de los niños y niñas en situación de tutela, la desestructuración familiar se une a la pobreza. Los niños y niñas extranjeros no acompañados llegan a España sin redes de apoyo ni adultos de referencia y, en el ámbito educativo, tienen dificultad para seguir el ritmo porque la lengua materna no es la vehicular. Tanto unos como otros, se encuentran, además, con la presión añadida de que en muchas comunidades se ven obligados a independizarse, pero al no contar con apoyo económico sólido, acabar la etapa educativa obligatoria o continuar con los estudios es complicado e imposibilita una inclusión social satisfactoria. Inserta Andalucía propone que la Administración autonómica amplíe las ayudas que ofrecen a los beneficiarios cumplida la mayoría de edad según objetivos académicos y laborales, en lugar de hacerlo por un máximo de un año y medio como en la actualidad.
“He dormido en la calle, ahora estudio educación social”
Outman Beda decidió escapar de la pobreza a los 16 años. Nacido en Tánger, este joven marroquí llegó a España oculto en los bajos de un autobús de turistas. Permaneció oculto durante 16 horas y, con la suerte de su lado, salvó los controles de acceso al ferry y de desembarco hasta que en Fuengirola, exhausto, abandonó su escondrijo.
En cuanto puso un pie en la calle, fue abordado por la policía e identificado. A partir de entonces, en 2012, comenzó su peregrinar por centros de menores durante el que aprendió castellano y cursó la educación obligatoria hasta que cumplió la mayoría de edad. “No sabía ni una palabra del idioma y en mi ciudad apenas había estudiado nada, me expulsaron del instituto”, rememora. Pero tenía claro que quería formarse.
Todos los esfuerzos iban destinados a los estudios, aunque la cosa no fue fácil. “He dormido en albergues y en la calle porque no tenía recursos”, lamenta. Hasta que se topó con entidades sociales, como Inserta Andalucía, que le ofrecieron la ayuda necesaria para encarrilar definitivamente su carrera. Primero se matriculó en Bachiller; luego desechó opciones para incorporarse de manera inmediata al mercado laboral y expresó su deseo de presentarse a la prueba de acceso a la Universidad para graduarse como educador social.
A dos años de licenciarse, compagina los estudios con su labor con la entidad. “Trabajo con niños y niñas extranjeros no acompañados como fui yo” en Granada, explica. “No les doy la chapa, trato de motivarles, se interesan todos”, asegura. No obstante, reclama la implicación de las administraciones públicas porque la voluntad de los jóvenes no es suficiente. “Hay más recursos que antes, pero hay que destinar más porque esto es una inversión”, sostiene. Y demanda seguimiento de los tutelados una vez cumplan los 18 años y facilidades para que obtengan permisos de residencias y trabajo.
