El Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno a retener los tributos estatales que corresponden a los ayuntamientos que no cumplan con la obligación de rendir las cuentas generales.
Esta es una de las recomendaciones del informe de fiscalización del sector público local del ejercicio de 2019, aprobado recientemente por el Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador también ha recomendado que se proceda a una modificación legislativa para establecer como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas, procedentes de cualquiera de las administraciones públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.
Igualmente, ha abogado por modificar los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades del sector público local, con el fin de homogeneizar los previstos en la normativa estatal y autonómica y reducirlos significativamente para disponer de las cuentas rendidas con mayor antelación.
El Tribunal de Cuentas subraya en su informe que, para el ejercicio 2019, los plazos de rendición de cuentas fueron ampliados en 99 días, debido al tiempo de duración efectiva del estado de alarma declarado por la pandemia de la covid y sus prórrogas sucesivas, de manera que las entidades locales debían rendir la cuenta general de 2019 al Tribunal de Cuentas antes del 22 de enero de 2021.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, "con carácter general" estos plazos legales de rendición de cuentas por parte de las entidades locales "resultan excesivamente dilatados, teniendo en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías permitiría formar, tramitar, aprobar y rendir la cuenta general en plazos más reducidos".
El 62 % de las entidades locales rindieron cuentas en plazo, lo que supone una mejora de siete puntos porcentuales respecto al ejercicio de 2018, y, a 7 de abril de 2021, ese nivel de rendición ascendía al 73 %, superior en dos puntos porcentuales en relación con los del ejercicio precedente.
La mejora más notable, en cuanto al nivel de rendición en plazo, corresponde a los cabildos y consejos insulares, que pasaron a un 60 % en el ejercicio 2019, frente al 10 % del ejercicio anterior.
En el caso de los ayuntamientos, los niveles de rendición de cuentas en plazo llegaron hasta el 68 %, diez puntos porcentuales más que en el ejercicio precedente.
Ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes (Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas de Gran Canaria y Getafe); cinco diputaciones (Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz), y tres cabildos insulares (Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro) no habían rendido, a 7 de abril de 2021, las cuentas generales del ejercicio 2019.
El Tribunal de Cuentas recuerda que "un número significativo de entidades locales no rinde sistemáticamente sus cuentas generales", por lo que 3.347 entidades tenían pendiente de remitir las cuentas referidas a alguno o varios de los ejercicios 2017, 2018 o 2019.
La mayoría de esos municipios tienen una población inferior a 1.000 habitantes, y entre los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que no habían rendido la cuenta correspondiente a los últimos tres ejercicios figuran Jaén, El Puerto de Santa María, Mijas y Vélez-Málaga.
En cuanto al endeudamiento en el ejercicio 2019 de las entidades locales, el informe del órgano fiscalizador señala que ascendió a 16.153 millones de euros, con una disminución de un 11 % respecto al ejercicio anterior y en un 20 % en relación con el de 2017.
El endeudamiento disminuyó en los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, en especial el Ayuntamiento de Madrid, con una reducción del 17 %; Valencia, con un 16 %; Zaragoza, con un 10 %, y Barcelona, con un 6 %.
El mayor nivel de endeudamiento en términos absolutos de las entidades supramunicipales correspondía a la Diputación de Barcelona, con una deuda de 167 millones de euros.
La Diputación Provincial de Huelva, por su parte, era la que tenía un mayor endeudamiento relativo, equivalente al 53 % de sus ingresos corrientes.
