Agentes de la Policía Nacional han liberado a 15 mujeres víctimas de trata en locales ubicados en la región de Murcia y en la provincia de Almería gracias a una denuncia recibida en el correo habilitado para la atención a este tipo de víctimas.
Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, se han desarticulado dos organizaciones criminales y se ha detenido a 16 personas -15 en Murcia y una en Almería- de las que siete han ingresado en prisión provisional.
Las víctimas eran "mujeres vulnerables", captadas principalmente en Colombia y Ecuador, y posteriormente eran obligadas a prostituirse tras llegar a España donde eran sometidas a vigilancia mediante dispositivos de videovigilancia.
La investigación policial comenzó con una denuncia recibida en el correo trata@policía.es del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, que además coincidió en el tiempo con las declaraciones aportadas por varias personas que decían ser víctimas de éstas redes.
Las pesquisas realizadas por los agentes y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca (Murcia) permitieron constatar la existencia de dos organizaciones criminales, una asentada en Murcia y otra en Lorca, dedicadas a la trata de mujeres para su posterior explotación en prostíbulos ubicados en diferentes localidades de la región de Murcia y Almería.
Los dos entramados, que habrían colaborado en el pasado, actualmente desarrollaban su actividad de manera independiente, pero con un modus operandi similar. Captaban mujeres en situación de vulnerabilidad y necesidad económica en sus países de origen, Colombia y Ecuador principalmente, y las convencían mediante el engaño para viajar a nuestro país.
Durante su captación las ayudaban en la preparación del viaje y en su financiación, les daban la instrucciones necesarias para conseguir el cruce de fronteras, y una vez en España, las trasladaban a los diferentes prostíbulos que regentaban donde las informaban del verdadero trabajo a desempeñar.
Según la Policía, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones gravosas y abusivas. En un ambiente intimidatorio y de reclusión, eran controladas a través de cámaras de videovigilancia, tenían que pedir permiso para salir a la calle y no podían rechazar ningún servicio.
La Policía asegura que recibían alrededor del 50 por ciento de los beneficios obtenidos, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y sólo en algunos casos se libraban de la explotación sexual, pero a cambio eran explotadas laboralmente desempeñando funciones de encargadas en los prostíbulos.
Además, en el caso del entramado asentado en Lorca, los explotadores rotaban a las víctimas entre los prostíbulos cada 15 días para garantizar a los clientes disponer de mujeres nuevas.
Se ha llevado a cabo el registro de siete pisos prostíbulos y de 3 domicilios, en los que se ha intervenido 29.000 euros y 5.000 dólares en metálico, dos vehículos, varios gramos de cocaína, marihuana y hachís, diversos dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación.