Más de 1.500 personas, según los organizadores de la manifestación, han acudido en la mañana de este sábado a la manifestación convocada por los trabajadores de la planta que la cementera Cemex tiene en Gádor (Almería) contra el cierre de la fábrica previsto dentro del plan de ajuste de la multinacional, que también prevé clausurar sus instalaciones de Lloseta (Mallorca), y que va acompañado de un ERE extintivo que afecta a un centenar de empleados directos y otros 300 puestos de trabajo indirectos.

La secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha asegurado a los medios en el marco de esta movilización que "los trabajadores se merecían una reunión previa con la empresa" y "no tienen conocimiento de por qué se plantea este cierre", el cual ha asegurado que "no tiene justificación" dado que la fábrica "es rentable".

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, quien además ha puntualizado que "esto es un efecto de la reforma laboral de 2013, que permite que una empresa con beneficios pueda plantearse un ERE", por lo que ha pedido a la compañía que no se presente el citado expediente de regulación de empleo el 7 de noviembre, fecha para iniciar su aplicación, y que a partir de ahí se abra un periodo de negociación y diálogo.

Así las cosas, la movilización ha contado con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO, y de los ayuntamientos de la comarca del Bajo Andarax, cuya junta gestora aprobó por unanimidad la moción presentada por el Ayuntamiento de Gádor en defensa de los trabajadores de Cemex en el transcurso de un pleno extraordinario celebrado el pasado jueves 25, con la presencia de empleados de la fábrica y representantes del comité de empresa.

"No nos queda más que luchar hasta el final por las familias y los trabajadores que se van a quedar en paro, tenemos que luchar por ellos hasta el final", ha afirmado a Europa Press la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos (PP).

Ramos había explicado hace una semana que en el caso del cierre de la planta de Gádor, la Junta de Andalucía había puesto "una traba", porque a las empresas que realizan exportaciones de califa, clinker y otros componentes del cemento se les ha establecido una nueva legislación que les obliga a construir unas naves para sus operaciones en el puerto de Almería, por lo que había pedido una reunión urgente con el delegado de Medio Ambiente.

No obstante, la Junta ha avanzado que va a plantear a la multinacional cementera "alternativas" encaminadas a reducir "de manera importante" los costes energéticos para tratar así de "revertir" sus planes de cierre, ya que junto con los gastos en personal, estos son "los más elevados".

Respecto a esto, la alcaldesa se ha congratulado del anuncio del Gobierno autonómico al afirmar que "de eso se trataba, de que la Junta busque soluciones a uno de los detonantes de la decisión de cerrar la fábrica". "Eso es lo que necesitamos, que busquemos alternativas entre todos y estemos juntos y unidos para luchar por los puestos de trabajos", ha concluido.

De esta forma, el 31 de octubre, el consejero de Empleo de la Junta, Javier Carnero, mantendrá una reunión sobre el futuro de la planta cementera gadorense con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, al tiempo que está pendiente de fijar otra con la multinacional mexicana para plantear estas medidas.

En este sentido, el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Almería, José María Martín, ha manifestado en el marco de esta movilización que "las políticas de empleo son una prioridad para la Junta", y que están trabajando en distintas líneas de actuación y porque "la pérdida de cualquier empleo es una cuestión que a evitar".

Cabe recordar que la alcaldesa de Gádor, acompañada por el senador popular Eugenio Gonzálvez, ya ha mantenido una reunión con los directivos de la empresa a los que propuso incluso la opción de buscar inversiones para conseguir que la empresa, que es "rentable" según ha mantenido, siga en funcionamiento.

UNOS 22 PUESTOS DE TRABAJO MENOS DESDE EL ANUNCIO DEL ERE

Según el presidente del comité de empresa, Antonio Orta, desde el anuncio de la liquidación de la planta de Gádor "se han perdido 22 puestos de trabajo" de forma indirecta a través de varios talleres que han despedido a varios trabajadores así como una empresa de transporte, que también habría prescindido de dos de los conductores que trasladaban piedra desde la cantera hasta la fábrica.

Orta ha requerido el "apoyo de toda la provincia" en la manifestación y ha recalcado que la intención de los trabajadores es que "la fábrica se mantenga abierta". "Si Cemex no es capaz de hacerlo, que la ponga a la venta", ha dicho antes de recalcar la "eficiencia" de esta instalación, que es "viable al cien por cien".